El día del juicio, del que informó en exclusiva Ultima Hora, celebrado el pasado día 2, ocho de los doce acusados de falsear informes para conseguir plaza en el colegio San Francisco de Palma en el curso 2013/2014 admitieron los hechos ante la magistrada. Aceptaron el pago de una multa de 2.160 e indemnizar al denunciante. Dos semanas más tarde los otros cuatro imputados ya conocen su castigo: nueve meses de prisión e idéntica multa, 2.160 euros.
La juez de lo Penal 4 los considera responsables de un delito de falsedad en documento oficial. La sentencia exime a los últimos cuatro condenados de pagar indemnización alguna al denunciante, tal y como solicitaba la acusación particular. Asimismo la magistrada también recoge en el fallo que no puede ordenar la expulsión de los alumnos pese a las infracciones cometidas por los padres.
Informes
El perjudicado, Manel Forteza-Rey, asistido por la abogada María Pomar, denunció los hechos después de que su hija pequeña se quedara sin plaza en el colegio Sant Francesc de Palma. Se propuso destapar los casos de padres que aportaron certificados falsos –médicos y laborales– para conseguir más puntos a la hora de escolarizar a sus hijos en el centro.
Finalmente doce de ellos fueron juzgados a principio de mes en una sala de Vía Alemania. Once padres y un empresario, este último por facilitar un certificado de empresa ficticio a uno de los progenitores.
En la vista ocho de los procesados optaron por reconocer los hechos y facilitar así un acuerdo de conformidad. Se declararon culpables y aceptaron el pago de una multa de 1.440 euros, que sustituía a una pena de medio año de prisión, más otros 720. En total, 2.160 euros. Estos procesados también dieron el visto bueno a idemnizar al perjudicado.
El resto de los acusados se defendieron en el juicio. Dos se acogieron a su derecho a no declarar y los restantes explicaron que sus certificados médicos eran válidos y, por tanto, se ajustaban realmente a los problemas médicos que tenían los menores. Ambos presentaban enfermedades crónicas. Uno con celiaquía y otro con artritis reumatoide.
En uno de los casos se aportó un informe médico realizado por el hermano de la acusada, que era inmunólogo. Este en la vista declaró que el menor tenía síntomas de ser celíaco, pero no le realizó ninguna prueba. Tanto el facultativo como la acusada admitieron que aquel diagnóstico fue erróneo. La otra procesada presentó un certificado emitido por un doctor de Valladolid durante el proceso de matriculación, si bien a la tutora de la menor no le hizo mención alguna de la dolencia de su hija. La juez considera probado de que no hay constancia documental fehaciente para confirmar que esos menores padecían en 2013 dichas enfermedades.
Las defensas de los condenados tienen diez días para recurrir la sentencia ante la Audiencia.
Manel Forteza-Rey apunta a la conselleria d'Educació
En declaraciones a Ultima Hora después del juicio, el denunciante, Manel Forteza-Rey, afirmó que ha denunciado a varios funcionarios de la Conselleria, a los que acusa de prevaricación. «Hay funcionarios que recibieron a uno de los padres y este les reconoció lo que había hecho, y ellos no hicieron nada. Eso es prevaricar», apuntó.