Dos personas resultaron intoxicadas a última hora de este sábado al declararse un incendio en un edificio okupa de Pere Garau. El fuego se inició, por causas que se desconocen y que están siendo investigadas, en la segunda planta del piso ubicado en la calle Joan Mestre de Palma. Se trata de una vivienda precintada por el Ajuntament y que desde hace meses se ha convertido en un foco de basura, peleas, ruidos y suciedad acumulada que generan sus 'inquilinos'.
Nada más iniciarse el fuego, más de una decena de okupas que allí residen consiguieron salir del edificio y ponerse a buen recaudo. Una pareja de extranjeros de avanzada edad tuvo dificultades para poder salir y ambos resultaron intoxicados por inhalación de humo.
Con suma rapidez, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local de Palma se personaron en el lugar y acordonaron la zona. Unos minutos más tarde llegaron las dotaciones de los Bombers de Palma quienes consiguieron controlar el fuego y sofocarlo en cuestión de minutos. Varias ambulancias del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU-061) fueron las encargadas de atender a las víctimas. Varias de ellas recibieron asistencia 'in situ' pero no precisaron ser trasladadas al hospital.
A las 22:30 horas, el fuego se dio por extinguido y se ventiló el edificio. Al tratarse de un piso que está apuntalado y precintado, la policía no dejó que los okupas regresaran a sus casas y se les facilitó un albergue. Muchos de ellos declinaron el ofrecimiento de las autoridades.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se han hecho cargo de la investigación del incendio. A falta de confirmación oficial se sospecha que el mismo pueda ser intencionado. La gran cantidad de basura que había en el interior dificultará las labores de investigación.
Según los vecinos consultados por Última Hora, el mayor problema lo tienen con media docena de inmigrantes argelinos que residen en la casa precintada, a la que acceden a través de una planta baja, también vacía y en la que también viven personas de forma ilegal. Desde el Consistorio se informa de que el expediente sobre este edificio se inició en 1991, sin que la propiedad haya actuado.
A finales de 2019 se inició el trámite para decretar la declaración de ruina, un proceso largo que además se vio retrasado aún más por el estado de alarma, se explica. Las fuentes municipales advierten de que «el inmueble está tapiado y precintado y si alguien entra es bajo su responsabilidad». Además, informan de que la policía tiene varios partes recientes (del verano y de septiembre) en los que se indica que ha desalojado a varias personas y se les ha informado de que no pueden estar y menos vivir allí.