El macrooperativo policial de la última noche del año se ha desarrollado hasta la medianoche sin ninguna incidencia destacada. Más de 300 efectivos policiales velan por la seguridad y cumplimiento del toque de queda.
A las 16 horas de este jueves arrancó el operativo policial especial de seguridad diseñado para evitar fiestas ilegales y aglomeraciones de jóvenes durante el toque de queda, tanto en Palma como en la Part Forana. Al mismo se irán sumando unidades policiales de forma escalonada a medida que vayan transcurriendo las horas.
Se trata de un dispositivo integrado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, inspectores del Govern, Protección Civil, técnicos del SEIB 112 y las diferentes policías locales de los principales municipios de la Isla. Al mismo también se unen los integrantes de la seguridad privada que prestarán su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La noticia de que Baleares despide el año 2020 con un total de cuatro fallecidos y 507 contagiados de COVID-19 en las últimas 24 horas, no ha hecho más que ratificar la máxima preocupación en los equipos de emergencia. El número de contagios son alarmantes y las autoridades temen que tras las fiestas el panorama se complique aún más. Así las cosas, desde la Jefatura de la Policía Nacional, Comandancia de la Guardia Civil, ayuntamientos y distintas consellerias han diseñado un operativo especial cuyo inicio ha sido a las 16 horas y está previsto que se prolongue durante 24 horas.
Uno de los pilares del dispositivo son los controles en las carreteras, que se establecerán en las entradas y salidas de Palma (para cazar a los jóvenes que se han citado en fincas de Consell, Santa María, Marratxí o Llucmajor, entre otras localidades) y también en la Part Forana. Unos serán para multar a los que se saltan el toque de queda, que comienza a las diez de la noche y se prolonga hasta las seis de la mañana, y el resto cazarán a conductores que circulan ebrios o drogados al volante, todo un clásico en todas las nocheviejas.
El decreto ley del Govern del pasado 21 de diciembre endurece las multas para los incumplimientos de la normativa, con lo que se pueden imponer correctivos de entre 60.000 y 600.000 euros a quien «organice, comercialice, o participe en cualquier fiesta, de carácter privado o público, en donde se produzcan aglomeraciones de personas».
Por su parte, la Policía Nacional, en colaboración con la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma y técnicos de la conselleria de Turismo, tiene en máxima alerta su Grupo Alazán. Se trata de un equipo creado ex profeso en marzo, cuando se decretó el estado de alarma y que desde entonces actúan todos los fines de semana y las vísperas de fiestas. Salen a la calle de seis de la tarde a cuatro de la madrugada, muchos de ellos de paisano para no llamar la atención. Este fin de año, el grupo ya está rastreando redes y patrullando las calles de paisano en busca de locales, fiestas clandestinas y personas que incumplan las medidas sanitarias.