Aguafiestas. La Guardia Civil y la Policía Nacional, en colaboración con las policías locales y los inspectores del Govern, están ultimando un macrooperativo que se pondrá en marcha en fin de año para evitar fiestas ilegales y aglomeraciones de jóvenes durante el toque de queda, tanto en Palma como en la Part Forana. Este martes, la Benemérita recordó que las multas para los organizadores y participantes en eventos prohibidos oscilan entre los 60.000 y los 600.000 euros.
La preocupación es máxima porque los datos de los contagios son preocupantes y las autoridades temen que tras las fiestas el panorama se complique aún más. Así las cosas, desde la Comandancia de la Guardia Civil, la Jefatura de la Policía Nacional, ayuntamientos y distintas consellerias han diseñado un operativo especial que empezará el último día del año y se prolongará durante 24 horas.
Controles
Uno de los pilares de dispositivo son los controles en las carreteras, que se establecerán en las entradas y salidas de Palma (para cazar a los jóvenes que se han citado en fincas de Consell, Santa María, Marratxí o Llucmajor, entre otras localidades) y también en la Part Forana. Unos serán para multar a los que se saltan el toque de queda, que comienza a las diez de la noche y se prolonga hasta las seis de la mañana, y el resto cazarán a conductores que circulan ebrios o drogados al volante, todo un clásico en todas las nocheviejas.
Como dato importante, el Servicio Aéreo y el helicóptero se desplegarán en apoyo a las unidades de Seguridad Ciudadana, para controlar desde el aire posibles aglomeraciones de jóvenes o movimientos sospechosos en fincas y casas de campo. El piloto, en cuanto detecte indicios de fiestas o reuniones, pasará las coordenadas a las patrullas terrestres, que rápidamente irrumpirán en la propiedad. La parte del operativo más llamativa es la de la cuantía de las sanciones. El decreto ley del Govern del pasado 21 de diciembre endurece las multas para los incumplimientos de la normativa, con lo que se pueden imponer correctivos de entre 60.000 y 600.000 euros a quien «organice, comercialice, o participe en cualquier fiesta, de carácter privado o público, en donde se produzcan aglomeraciones de personas», según informó ayer la Benemérita. Para los dueños de los inmuebles dados de alta como viviendas destinadas a estancias turísticas, local o establecimiento, la norma sancionadora contempla también «el cese de la actividad comercial durante un período de hasta tres años». En esos casos, corresponde a dichos titulares la obligación de la expulsión inmediata de los clientes y el aviso a las autoridades. La Comandancia pide «colaboración» a las personas que tengan información sobre fiestas ilegales y hace un llamamiento a los ciudadanos «para que pasen las fiestas de forma responsable y segura en sus hogares».
Grupo Alazán
La Policía Nacional, por su parte, en colaboración con la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma y técnicos de la conselleria de Turismo, tiene en máxima alerta su Grupo Alazán. Se trata de un equipo creado ex profeso en marzo, cuando se decretó el estado de alarma y que desde entonces actúan todos los fines de semana y las vísperas de fiestas. Salen a la calle de seis de la tarde a cuatro de la madrugada, muchos de ellos de paisano para no llamar la atención. Este fin de año, el grupo actuará en Palma.
En los últimos días, los investigadores de la Jefatura de Policía han detectado más de una veintena de fiestas clandestinas que se están organizando para fin de año. Y han constatado un dato curioso: muchos saraos se están montando en naves alquiladas de polígonos industriales. O en fincas de Binissalem, Llucmajor, Consell y Santa María.