«Esto es un escándalo. Nos hemos pasado varios años estudiando preparando una oposición para que luego pasen estas cosas. Nos estamos coordinando y llegaremos hasta el final». Esta es la declaración de intenciones de un grupo de opositores del proceso selectivo abierto por el Ajuntament de Palma para cubrir 101 plazas de la Policía Local.
Según los denunciantes, en los próximos días tienen previsto reunirse con un abogado especialista en esta materia con la finalidad de interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, la Oficina Anticorrupción del Govern balear y un recurso de alzada ante la propia administración local.
Las presuntas irregularidades arrancan cuando el tribunal calificador del proceso selectivo hace públicas la lista provisional de admitidos. Ese día, todos los opositores descubrieron que tan sólo 84 personas habían superado el corte de la nota. Es decir, que de las 101 plazas prometidas por la regidora Joana Maria Adrover, un total de 17 iban a quedar desiertas. Un tiempo después, de forma sorpresiva, se publicó la lista definitiva. En esta ocasión, había 105 aprobados, entre ellos, y al parecer, familiares directos de personas vinculadas al cuerpo.
Los denunciantes no quieren acusar a nadie, pero exigirán que se investigue y se vele por la transparencia del proceso. Hasta la fecha de las alegaciones se había mantenido el anonimato en las pruebas. El tribunal corregía los exámenes cuyo titular era un código de barras. En las alegaciones todo cambió. Los 21 nuevos aprobados se entrevistaron personalmente con los integrantes del tribunal. Para los opositores, este hecho es una posible irregularidad más del proceso.
Un miembro del tribunal renunció al tener dos hijos implicados
Uno de los integrantes del tribunal calificador, a propuesta de la Escuela de Administración Pública del Govern, renunció una vez que ya había sido nombrado porque dos hijos suyos se presentaban a la prueba. Es más, se comenta que imparte clases a alumnos que se presentaban a examen.