«Menú del día: ‘Pollo entero', 70 euros. ‘Medio pollo', 35 euros. Patatas no tenemos». Esta era la pizarra con la que se encontraron los agentes del ‘Grupo Alazán' del Cuerpo Nacional de Policía, Patrulla Verde (Policía Local de Palma) y los inspectores del Govern durante una redada practicada la madrugada del sábado al domingo en Palma.
En torno a las 2.15 horas, los agentes se percataron que en las inmediaciones de una nave que tiene entrada por el Camí de Jesús y por la calle Poima, en el polígono de Can Valero, había un gran número de vehículos estacionados en la calle. Los policías también detectaron una gran trasiego de jóvenes entrando y saliendo de un pequeño local ubicado en la primera planta.
En ese momento, los agentes irrumpieron en el mismo. La sorpresa fue mayúscula cuando comprobaron que se trataba de un local de apenas 30 metros cuadrados, sin ventilación y que desprendía un fuerte e insoportable olor a tabaco y a sustancias estupefacientes. En su interior, se encontraban 33 personas, todas ellas sin las correspondientes mascarillas, hacinados sin guardar la distancia de seguridad, bailando, consumiendo grandes cantidades de alcohol y fumando. En la parte más lejana, también había un DJ que estaba pinchando con la música a todo volumen.
Los policías ordenaron parar la música y abrir puertas y ventanas para poder ventilar el habitáculo. En el suelo se encontraron envoltorios de cocaína, hachís y otras sustancias estupefacientes.
El operativo policial levantó 33 actas. 31 de ellas a los jóvenes asistentes y 2 a los organizadores de la fiesta ilegal. Los baños también estaban llenos de restos de droga.
Los organizadores montaron la fiesta a través de las redes sociales
Los organizadores de la fiesta ilegal decidieron montarla a través de las redes sociales. No dudaron en cobrar entrada, vender alcohol, tabaco y confeccionar un menú de cocaína. Por ese motivo, la sanción para los asistentes puede rondar los 3.000 euros. Por otro lado, los organizadores se enfrentan a una sanción de hasta 30.000 euros. Todo ello, al margen de la investigación iniciada por un presunto tráfico de sustancias estupefacientes. A partir de ahora, los agentes velarán por el cumplimiento del toque de queda.