Los agentes que aparecen en el vídeo viral de la Policía entrando en un piso en Palma, durante el estado de alarma, se han ratificado este lunes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 7, Antoni Garcías.
De este modo, los agentes han mantenido que tenían una autorización verbal del morador de la vivienda, previa a los instantes captados en el polémico vídeo, y que por lo tanto la actuación se ajustaba a derecho.
Los Juzgados abrieron diligencias a raíz de sendas denuncias de los policías que intervinieron en los hechos y los sindicatos policiales Jupol -asistidos por Martín & Casado Abogados- y CEP -asistidos por el letrado Antoni Montserrat. Varios de los agentes que aparecen en el vídeo estaban citados este lunes a declarar en calidad de testigos.
El investigado es el autor del vídeo, al que en las imágenes se le escucha afirmar que es abogado. Se le investiga por un posible delito de desobediencia. Fue citado a principios de mes pero se acogió a su derecho a no declarar.
Para dentro de unas semanas están previstas las declaraciones, como testigos, de los vecinos que llamaron a la Policía. Alertaron de que se estaba celebrando una fiesta en la que estarían participando varias personas que no eran residentes en la vivienda, lo cual vulneraba las restricciones impuestas por el estado de alarma por el COVID-19.
Los hechos recogidos en el polémico vídeo tuvieron lugar el 9 de mayo, cuando Mallorca estaba en la fase 0 del plan de desescalada. Los agentes y el hombre denunciado ofrecieron versiones contradictorias de cómo se produjo la entrada en el piso.
Los sindicatos policiales aseguran que otra persona que se identificó como residente en el piso había autorizado a los agentes a entrar. En la vivienda estaba el ahora investigado, que grabó lo que ocurría con su móvil y conminó a los agentes a marcharse.
El hombre rechazó identificarse ni dejar de grabar porque defendía que estaba en su derecho. Argumentó que no tenían una orden judicial, y negaba que se les hubiera dado permiso para entrar, por lo que en el vídeo les acusa de haber entrado «por la fuerza». En las imágenes, el hombre dice que llevados meses viviendo en el piso, mientras que los policías mantienen que no es su casa.
Los sindicatos sostienen que la actuación de los agentes se ajustó «plenamente» a la ley. Las denuncias también atacan la publicación del vídeo en Internet, destacando que en las imágenes aparece el rostro y cuerpo de los agentes, «permitiendo que éstos sean fácilmente identificados, comprometiendo de este modo gravemente la intimidad de los policías implicados».
Además, afirman que el vídeo suscitó «todo tipo de debates y comentarios», que consideran calumniosos e injuriosos para la imagen del Cuerpo Nacional de Policía.