Agentes de la Policía Nacional procedieron este martes a la detención de una mujer de 47 años de edad por la supuesta administración desleal de una comunidad de vecinos de la barriada de Son Gotleu, en Palma, a la que podría haber defraudado cifras superiores a los 40.000 euros entre los años 2014 y 2018.
La mujer había sido condenada por hechos análogos cometidos en la localidad de Inca, en Mallorca, por un delito de defraudación que le ha supuesto la obligación de abonar 23.000 euros a sus antiguos administrados en la capital del Raiguer.
En el año 2014 fue contratada por la comunidad de propietarios en cuestión, y ya desde sus primeros momentos en el puesto comenzó con un estilo de gestión irregular en el que la retirada de fondos en efectivo de la cuenta comunitaria sin justificación se convirtieron en la norma, llegando a retirar en el plazo de menos cuatro años más de 25.000 euros.
Al comienzo de su gestión este tipo de irregularidades eran poco frecuentes, pero la realización de obras en la comunidad y el abono por los vecinos de derramas, incrementó los fondos comunitarios, permitiendo a la administradora, que supuestamente iba abonando en efectivo anticipos de esas obras, cometiera diversos desfalcos haciendo creer a la comunidad que los pagos estaban al día, cuando en realidad sólo una pequeña parte del dinero que retiraba de la cuenta comunitaria había sido pagada a la empresa de reformas que ejecutaba tales obras.
Igualmente, aprovechando la facultad de firma que tenía en la entidad bancaria, la detenida realizó transferencias a cuentas a su nombre, que se diluían entre el resto de apuntes de la cuenta, por importes superiores a 11.000 euros en el citado plazo. En su huida hacia adelante, llegó a abonarse honorarios por gestionar reclamaciones a vecinos morosos que no había llegado a realizar, o incluso domiciliar en la cuenta comunitaria el recibo anual de un seguro de salud a su nombre.
En el año 2018 se despertaron todas las alarmas, cuando la junta comunitaria comprobó que las cuentas eran deficitarias, y se adeudaban diversos recibos a aseguradoras y otras empresas, cuando según el balance presentado por la detenida la comunidad estaba al corriente de pagos y con las cuentas saneadas, lo que provocó su cese inmediato y una solicitud de rendición de cuentas que no llegó a producirse nunca.
Tras una larga espera, la comunidad interpuso denuncia ante la Policía Nacional, y tras amplias pesquisas en relación con todas las operaciones denunciadas, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro, han concluido que la detenida podría haber cometido no solo delitos de apropiación indebida, sino también de estafa y administración desleal, procediendo a la detención de la presunta autora por un delito de estafa, dando traslado de las actuaciones a la autoridad judicial.