Las normas aprobadas por los gobiernos autonómicos obligan a los ciudadanos a mantener un distanciamiento social. Igualmente, está en vigor la exigencia de que, cuando no sea posible mantener ese distanciamiento, se utilicen mascarillas. En Baleares ya está en vigor la norma por la cual esas mascarillas son de uso obligatorio permanente. Los turistas son personas que están transitoriamente en Baleares y que, por lo tanto, están sometidos a las normas locales en vigor. Por lo tanto, no pueden aglomerarse y no pueden ir sin mascarillas.
¿Quién es el responsable de que se cumplan estas disposiciones? Las fuerzas de seguridad que dependen de nuestras autoridades. Desde que se ha permitido la entrada de turistas, las fuerzas de seguridad deberían encargarse de que, también ellos, cumplan con las normas. Estrictamente. Rigurosamente.
Sin embargo, como han demostrado los vídeos que se han difundido por todo el mundo, tanto en Magaluf como en la playa de Palma, la policía estaba ausente y, por lo tanto, no cumplió con su función. Para entendernos: suele bastar la presencia policial para disuadir de comportamientos inadecuados.
Sin embargo, el Govern ha reaccionado cerrando las calles afectadas, lo cual es de efectividad dudosa y de justicia discutible. Porque, ¿qué culpa tiene un bar que vende alcohol de que en la calle sus clientes organicen saraos inadmisibles? El propietario del bar no puede exigir a sus clientes que utilicen mascarillas en la calle, ni que se amontonen, ni que organicen cualquier clase de escándalos. No será fácil explicar en los juzgados la sanción.
Igualmente, se habla de que los hoteles reciben a estos clientes, y no deberían. Es muy fácil encontrar a un borrachín de estos, preguntarle por el hotel donde está y criminalizar al establecimiento. Pero veamos el proceso al revés: al hotel le llega un cliente que tiene el derecho a la no discriminación, a que nadie le pregunte qué piensa hacer durante su estancia, a que no le juzguen por su edad. Y el hotel, a su vez, no tiene ningún derecho a preguntarle a sus clientes qué harán cuando salgan del recinto, cuando estén en las calles. ¿Por qué criminalizamos a quien se atiene a lo que está permitido legalmente? ¿O es que son los empresarios los que hacen las leyes?
Sin embargo, nosotros tenemos claros los culpables: los empresarios. Curiosamente, lo dicen los que sí son responsables de la policía que no impidió los incidentes; los que tienen el deber de vigilar y no lo hicieron; los que han decidido que en los paseos marítimos no sea obligatorio el uso de mascarillas, como si el virus fuera más cruel con los que pasean por la plaza de Petra que por la primera línea de Cala Millor. No deja de ser irónico que aquellos a quienes podríamos acusar de no cumplir con su función, culpen a otros de tener turistas borrachos.
Cuando, además, todos sabemos que el lío no viene de los incidentes sino de que se hayan visto por televisión.