La protección del testigo 29 del ‘caso Cursach' está en el alambre después de su imputación ante el TSJB por las graves sospechas de manipulación de pruebas y mentiras reiteradas durante años que puso sobre la mesa la Policía Nacional en su último informe. El magistrado Carlos Gómez, el instructor de la causa, ha ordenado que se oficie al Juzgado de Instrucción 12, el que acordó proteger al 29 cuando al frente de este órgano estaba el juez Manuel Penalva, para que «se considere el levantamiento de la protección en su día concedida».
Este oficio está acompañado del contundente informe policial, de otro de la Fiscalía Anticorrupción y de un auto de la magistrada Carmen Abrines. El ministerio público recoge en ese documento decenas de ocasiones en las que se ha mencionado en la causa al 29 por su nombre y apellidos, además de otros datos de carácter personal.
Protección formal
Los fiscales concluían que la protección a este exrecogevasos del Tito's era meramente formal y que nunca había sido efectiva, toda vez que ha declarado delante de todas las defensas de la causa. En el auto, la magistrada concluía que no era delictivo mencionar el nombre de este testigo, en respuesta a un escrito de la defensa de Penalva y Subirán.
La decisión del TSJB sigue a un escrito planteado por la defensa de Bartolomé Sbert. El abogado Antonio Martínez, planteaba la «anomalía» que supone que un investigado en un caso declare con la denominación «testigo protegido» en un caso que nada tiene que ver con aquel en el que se le protegió.