Una jueza ha archivado la causa contra una empresa de Inca que vendía alimentos caducados en el año 2016. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de la localidad indica que no se ha acreditado que su consumo fuera nocivo.
La magistrada, sin embargo, reconoce que existen indicios de que los representantes de la compañía, así como los encargados o mandos intermedios, «estaban llevando a cabo una actividad tendente al borrado de las fechas de caducidad de los productos. Confeccionaban y colocaban etiquetas con datos distintos a los reales, que se repartían a restaurantes y otras empresas».
El auto de sobreseimiento se basa en el informe de la jefa del Servicio de Seguridad Alimentaria de la Conselleria de Salut en el que se determina que los productos que se inmovilizaron en la empresa «eran de origen estable desde el punto de vista microbiológico». El documento de la jueza señala que estos alimentos «no requerían condiciones especiales de conservación aparte de tener que ser mantenidos en lugar fresco y seco, con excepción de unas latas de anchoas y que por lo tanto no nos encontramos en la situación de considerar los productos inmovilizados como nocivos».
La instructora descarta que se produjeran presuntos delitos de estafa y contra los derechos de los trabajadores. «Lo cierto es que los clientes de la compañía investigada, pese a darse la oportunidad a 20 empresas por parte de la policía judicial, ninguna de ellas se ha personado como perjudicada, no reclamando indemnización alguna», concluye.
Detenciones
La Guardia Civil de Inca detuvo en agosto de 2016 a dos responsables de la empresa por vender género caducado. Los investigadores de la Policía Judicial registraron dos naves en las que encontraron gran cantidad de alimentos caducados que se iban a vender. La administradora única y jefa de la empresa, representada por el abogado Ernesto Florit, falleció en febrero de 2019.