La actual concejal de Infraestructuras, antes a cargo de la Policía Local, Angélica Pastor, tendrá que comparecer ante una juez para responder por un delito de revelación de secretos. El Juzgado de Instrucción 12 ha admitido a trámite la querella formulada por un policía local que acusa a la regidora de facilitar datos reservados sobre su estado de salud al juez Manuel Penalva durante la macroinstrucción por posibles delitos en el seno del cuerpo.
Los hechos se remontan al año 2016, el momento en el que era mayor la presión judicial en torno a la Policía Local de Palma con decenas de agentes investigados y un nutrido grupo de ellos en prisión preventiva. En paralelo a las actuaciones judiciales, la cúpula del cuerpo, con Pastor a la cabeza, incoó una serie de expedientes disciplinarios contra los agentes que tenían medidas cautelares. Una veintena de ellos pasaron a estar de baja por enfermedad. De esta manera, cobraban su salario y los procedimientos administrativos quedaban en suspenso.
La querella sostiene que Pastor envió al juez Penalva los datos sobre la salud de uno de los agentes, no sólo si estaba en situación de baja o no y que, por lo tanto, se revelaban datos sobre una enfermedad, lo que constituiría un delito. Pastor y los mandos policiales enviaron esa información sin que les hubiera sido requerida previamente por el juzgado.
Este episodio provocó más tarde la detención del médico que había firmado las bajas para el que la causa fue más tarde archivada sin que hubiera llegado a juicio. Las medidas administrativas que se adoptaron contra la mayoría de policías locales investigados cayeron a lo largo de los meses antes la imposibilidad de mantenerlas de forma indefinida.
Pastor tendrá que comparecer el 23 de septiembre a las diez y media de la mañana. Por el momento, la acusación está promovida por un único policía local, pero otros de sus compañeros cuyos datos de salud también llegaron al juzgado estudian ahora sumarse a la querella.
Las querellas se acumulan en los juzgados contra la concejala
Esta no es la única querella que se tramita en los juzgados de Palma en torno a la edil. Hay una admitida a trámite por un supuesto uso particular de su coche oficial y, varios agentes de la Policía Local promueven otras causas.
Pastor, además, se vio salpicada por la grabación que llevaron a cabo sus colaboradores de reuniones como una mantenida con periodistas de Ultima Hora que más tarde terminaron en manos de los agentes del Grupo de Blanqueo.