La Fiscalía Anticorrupción deberá pronunciarse sobre si hay que intervenir o no los móviles al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán, investigados en el TSJB por graves irregularidades durante la instrucción del ‘caso Cursach' y sus derivadas. El magistrado al frente de la causa, Carlos Gómez, ha pedido al ministerio público que se pronuncie sobre si es necesario proceder a una incautación forzosa de estos teléfonos móviles.
El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJB requirió el pasado mes de febrero a Penalva y Subirán que entregaran de forma voluntaria los terminales. Accedió a la petición formulada por varias acusaciones para acceder a estos teléfonos para avanzar en la investigación. Los chats descubiertos en los terminales de los agentes del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional incluyen los principales indicios de que el juez y el fiscal participaron en delitos de revelación de secretos y prevaricación, entre otros. Sin embargo tienen la limitación que no aclaran qué mensajes los escribió el juez y cuáles el fiscal. En la mayoría de los casos el contexto de la comunicación deja clara la autoría. Sin embargo, en otros casos hay dudas y Penalva y Subirán ya manejaron esta incertidumbre durante el interrogatorio al que fueron sometidos en el TSJB.
Cuando se les requirió para la entrega de los terminales, su abogado contestó que, aunque ambos investigados estaban dispuestos a hacerlo, él se lo prohibió porque ya han cambiado los terminales y en los actuales lo que hay afectaría a la intimidad de los dos investigados. Ahora la Fiscalía Anticorrupción debe pronunciarse sobre una posible medida más invasiva.
El magistrado Carlos Gómez, además de esta providencia, ha dictado otra en la que pide a la Policía Nacional datos sobre los informes que tiene pendientes sobre las actuación de Penalva y Subirán: «Dadas las continuas referencias a un ‘futuro informe', recábese de la fuerza policial actuante la aportación de los datos de tal o tales informes a la mayor brevedad posible, sin que se perjudique la continuación, en su caso, de la investigación policial, que deberá finalizarse a la mayor brevedad posible». Uno de esos informes aborda las decenas de declaraciones del testigo protegido 29.