No hubo engaño. La Audiencia Provincial de Palma ha absuelto al líder del clan de Los Benabad y a un matrimonio por una estafa inmobiliaria en Bulgaria en el año 2008. El tribunal de la Sección Segunda considera probado que Marcos Benabad y el otro acusado realizaron varios viajes al país del sureste europeo y constituyeron la empresa construcciones Sama en 2007. A principios de 2008, firmaron un contrato para construir una promoción de viviendas en un solar en la localidad de Ahtopol.
El tío del procesado se interesó por las inversiones de su sobrino cuando este le contó sus proyectos y decidió participar comprando un inmueble de la promoción a modo de inversión. El querellante, sin que ninguno de los enjuiciados lo supiera, hipotecó su vivienda y entregó 50.000 euros a su sobrino una semana antes de firmar el contrato de compraventa.
Lo firmó el 7 de julio de 2008. No ha quedado acreditado que la mujer participara en la promoción ni que Benabad interviniera en las negociaciones previas. El proyecto inmobiliario no se llegó a ejecutar.
El perjudicado se querelló contra su sobrino el 10 de noviembre de 2016. «Entregué el dinero antes de firmar el contrato porque es mi sobrino y no pensé que me la iba a liar», dijo el hombre en el juicio. Una semana después de firmar el contrato explicó que entregó 15.000 euros más porque su sobrino le dijo que le darían el piso más grande del edificio.
Los jueces indican que su versión «no parece creíble» y que no ha quedado demostrada la entrega de ninguna otra cantidad. «No se describe ninguna conducta engañosa. Todo parece indicar que fue un negocio que se inició con posibilidades de prosperar pero que no llegó a término».
El querellante, según la sentencia, se unió al proyecto con la finalidad de invertir a pesar de que desconocía «absolutamente» el país. «Mi tío quería invertir un dinero con nosotros en Bulgaria y me entregó 50.000 euros», explicó el acusado.
La Fiscalía pedía cuatro años de cárcel para el líder de ‘Los Benabad', defendido por el abogado Josep Zaforteza, dos años y medio para su socio y nueve meses para la mujer de este. Además, solicitaba una indemnización de 68.000 euros para el querellante.