Un empresario acusado de explotar laboralmente a dos trabajadores en su finca de Mallorca ha negado los hechos y ha asegurado, ante la Audiencia Provincial de Baleares, que actuó por «un impulso de cierta caridad». Sus antiguos empleados han explicado que vivían en la finca en malas condiciones, que les pagaba 280 euros al mes a cada uno y trabajaban más de ocho horas diarias con un contrato de dos horas. Los hechos ocurrieron durante el año 2013.
Durante el juicio, que tiene lugar este lunes, uno de los trabajadores ha dicho que los pagos nunca fueron regulares -estuvieron trabajando medio año en la finca- y que «tras los dos primeros meses», en vez de pagarles lo acordado empezó a llevarles comida.
«Empezó a traer comida congelada de su casa», ha detallado, para luego explicar que el empresario se defendía diciendo: «Si ya tenéis comida, ¿para qué queréis dinero?».
Asimismo, ha explicado que no había agua corriente y que para utilizar el baño tenían que coger agua del pozo. «Calentábamos el agua con ollas para ducharnos y el váter no funcionaba», ha dicho."Hacia lo que le daba la gana con nosotros», ha resumido.
También ha dicho que para poder trabajar ahí, les impuso la condición de que debían alojarse en la finca.
El otro empleado se ha manifestado en unos términos similares.
Por su parte, el empresario ha explicado que él, «como mucho», visitaba la finca «dos veces a la semana», que ellos tenían «total libertad» y que las barreras de la finca estaban abiertas y ellos tenían las llaves.
Respecto al trabajo, que sobre todo estaba relacionado con tareas de jardinería, el acusado ha dicho que «si veía que una semana no habían trabajado suficiente», les decía que «a ver si la semana que viene» podían «recuperar un poquito».
La defensa del empresario ha manifestado que lo dicho por el trabajador este lunes, se contradice con lo dicho en su denuncia ante la Policía y, posteriormente, durante la instrucción del juicio, ya que en aquellas dos ocasiones habría manifestado que su estancia en la finca era voluntaria, que lo hacía como «favor».
Además de varios policías que participaron en el caso, también ha declarado como testigo Ramón Morey --delegado del Gobierno en funciones hasta hace unos días--, que es inspector de Trabajo y llevó el caso. Ha dicho que el alojamiento de los dos trabajadores estaba en «condiciones nefastas», con «algunas de las paredes sin revocar», el «colchón en el suelo» e incluso «una ventana no tenía cristales».
Sobre el baño, ha detallado que estaba fuera, en un edificio anexo, y que no había agua corriente, no funcionaba el inodoro y estaba muy sucio y para buscar agua debían ir al exterior.
Morey también ha explicado que las dos víctimas hacían «más horas de las contratadas» y había irregularidades de descanso semanal, en materia de Seguridad Social y, además, cobraban por debajo del salario mínimo interprofesional.