La Audiencia de Palma ha condenado al acusado de causar el incendio de la Serra de Tramuntana del verano de 2013, el mayor registrado en la historia de Baleares, a dos años, seis meses y un día de prisión, 5 años de libertad vigilada y a indemnizar a los perjudicados con alrededor de 7,2 millones.
El tribunal considera probado que, el 26 de julio de 2013, el acusado esparció restos de una barbacoa sin extinguir del todo y acumulados en una carretilla, en un montón de restos de poda de una finca situada en la ladera de la montaña de Sa Coma y Can Curt, en Andratx, y abandonó el lugar.
La poda combustionó y el fuego afectó a la masa forestal colindante. El incendio se propagó «con gran virulencia» por el abundante combustible ligero existente, a lo que contribuyeron la temperatura cercana a 38 grados, la humedad relativa de en torno a un 35 % y el viento de 9m/segundo, y no fue extinguido hasta el 30 de julio.
Afectó a la zona suroeste de Mallorca donde quemó 2.347 hectáreas de los municipios de Andratx, Estellencs y Calvià, de los que 1.278 eran hectáreas protegidas del Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, y otras zonas estaban protegidas como Lugar de Interés Comunitario (LIC). Del terreno afectado, 2.246 hectáreas son privadas (correspondientes a 841 parcelas) y unas 160 públicas.
A consecuencia del incendio tuvieron que ser evacuadas o desalojadas unas 750 personas, de las que ninguna resultó herida.
La sección segunda del tribunal provincial ha condenado al acusado por un delito de incendio por imprudencia grave con peligro para la vida o integridad física de las personas, con la circunstancia eximente incompleta de trastorno mental, por «la evidente enfermedad mental de larga duración» que padece y que le impidió prever los resultados de su conducta.
La sala segunda de la Audiencia de Baleares ha fijado la condena en 2 años, seis meses y un día de prisión, así como 5 años de libertad vigilada «como medida de seguridad» a ejecutar una vez cumplida la pena de prisión, «para la protección del propio acusado y de las consecuencias que pudieran tener sus actos futuros», señala la sentencia.
El tribunal encomienda dicha vigilancia a la Fundación Deixalles que ya se encarga del control del procesado, atendiéndole en sus necesidades básicas y en su tratamiento psiquiátrico.
La libertad vigilada consistirá en la prohibición de realizar barbacoas o de participar en las mismas, la obligación de participar en programas formativos sobre el medio ambiente y los riesgos del fuego en determinados parajes y bajo determinadas condiciones, y en la obligación de seguir tratamiento médico.
En cuanto a la indemnización fijada, es para siete particulares perjudicados que reclaman, así como para la Conselleria de Agricultura Medio Ambiente y Territorio, en unos 4,3 millones, por el coste de los medios aéreos y terrestres empleados en la extinción y de la reposición de los terrenos arbolados afectados y la restauración de la zona. Alrededor de 1 millón son para el departamento de Carreteras del Consell de Mallorca por los desperfectos causados y unos 99.000 para el Ayuntamiento de Andratx, entre otros