Además de mentiras evidentes, en la macroinvestigación abundan los datos que, a la luz de estos informes, parecen ahora poco claros. Otros asuntos, como el ‘caso ORA' o la investigación de un delito fiscal en el Grupo Cursach, han sido cerradas por falta de indicios.
1. Las fiestas de Tito's dependen de dos testigos
Con la madame más que cuestionada, las fiestas de Tito's a las que supuestamente iban decenas de policías locales descansan ahora sobre todo en la declaración de dos testigos, el 29, sobre el que se elabora ahora un informe policial, y ‘El Ico'. El juez ha continuado la tramitación y espera que se pronuncie Fiscalía.
2. El ‘caso ORA' a punto de ser archivado por falta de indicios
La Fiscalía ha pedido que se archive el ‘caso ORA' al no quedar indicios de que Álvaro Gijón cobrara un soborno ni de que se manipulara el concurso. El informe sostiene que muchos de los datos que iniciaron la investigación son irrelevantes o provienen de testigos de referencia.
3. El Tribunal de Cuentas cuestiona el ‘caso IME'
Está pendiente de juicio, pero una sentencia reciente del Tribunal de Cuentas señala que el Ajuntament no sufrió ningún daño por los hechos en torno a los contratos de la empresa Roig con el institituo municipal de deportes.
4. Hacienda descartó el delito fiscal
Un voluminoso informe policial, cuya filtración desencadenó la investigación por revelaciones de secretos, apuntaba a la existencia de un delito fiscal y contra la Seguridad Social por parte del Grupo Cursach. Ambos organismos trituraron la versión judicial. El caso se archivó.
Dos portadas de Última Hora con las dudas de Subirán por la detención de Cursach en 2017 y la realidad en este 2019.
5. Sobornos a funcionarios municipales
Es la principal acusación contra Cursach, aún sin graves daños: los regalos a funcionarios de Cort.
6. La parada de taxis del Paseo Marítimo
Contra Álvaro Gijón queda la afirmación de que benefició a Cursach al ubicar una parada de taxis frente a Tito's.
7. Coacciones contra empresarios rivales
La detención de Cursach se produjo, sobre todo, en base a la declaración de otros empresarios que afirmaban haber sufrido situaciones de acoso y coacciones por parte del grupo rival. Uno de estos empresarios pagaba 60.000 euros por pruebas contra Cursach.