Agentes de la Policía Nacional de Burgos han detenido a dos personas, propietarias de sendas residencias de ancianos, por heredar mediante «engaño» los bienes de sus usuarios, según ha señalado este miércoles la delegada del Gobierno en Castilla y León, Mercedes Martín.
Martín ha explicado que los detenidos han heredado de los usuarios de sus negocios un patrimonio que asciende a tres millones de euros «aprovechándose del deterioro físico y cognitivo» de los ancianos a los que cuidaban.
Los agentes, en colaboración con los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han explicado que los dos detenidos llegaron a nombrar a sus víctimas como administradores de las sociedades con las que habían conformado un complejo entramado empresarial, con el objetivo de apoderarse de la herencia de sus pacientes.
En el momento de la detención, los investigados tenían a su nombre 30 propiedades, entre viviendas, naves y diversas fincas rústicas ubicadas en la provincia de Burgos y otros puntos de la geografía nacional, adquiridas de forma fraudulenta de sus usuarios fallecidos.
A los detenidos en la investigación, que ha contado con la plena colaboración de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, se les acusa de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental, contra la integridad moral y blanqueo de capitales.
La investigación comenzó a principios de este año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que varias personas podrían estar estafando mediante la técnica del engaño a multitud de ancianos con un gran patrimonio personal.
Con las primeras pesquisas, se averiguó que los ahora arrestados se encontraban a cargo de la dirección y gestión de dos residencias de personas de edad avanzada ubicadas en la capital burgalesa.
A medida que avanzaba la investigación, los agentes descubrieron que estas personas se prevalían de su posición de superioridad para engañar y estafar a sus propios usuarios, a los que además utilizaban como instrumentos para enmascarar sus actividades ilícitas.
De esta forma, llegaron a situar a sus víctimas como administradores de las sociedades con las que habían conformado un complejo entramado empresarial dedicado, en principio, a la gestión de las dos residencias.
La investigación, en la que se ha intervenido una gran cantidad de material documental, varios teléfonos móviles, 6.300 euros en metálico, antigüedades y obras de estas, ha determinado que los detenidos utilizaban sus empresas, en realidad, tenían como finalidad la apropiación indebida y el blanqueo de capitales.
Finalmente, ha permitido conocer la existencia de un piso que los detenidos habían habilitado de manera fraudulenta como residencia de ancianos, sin cumplir los requisitos legales establecidos para este tipo de dotaciones.