La Audiencia Provincial intenta confirmar la veracidad del certificado de defunción presentado por la defensa de un acusado por estafar más de 50.000 euros a varias empresas en Palma. El acusado huyó a la República Dominicana tras ser imputado en la causa. Hace aproximadamente un año se informó a su familia del fallecimiento. Se le reconoció a través de una fotografía y a España llegaron sus cenizas y un certificado de defunción emitido por un registro dominicano. Ante ese fallecimiento la investigación penal quedaría definitivamente archivada. La cuestión es que algunos de los otros acusados cuestionan la realidad de ese fallecimiento y plantean sospechas sobre el mismo, al igual que las acusaciones particulares.
Así, en una vista previa, la Audiencia Provincial ordenó comprobar la veracidad del certificado de defunción y lo remitió al Registro Civil Central para que este organismo emita un informe. España y la República Dominicana se reconocen mutuamente sus resoluciones judiciales en base a un acuerdo bilateral. Por lo tanto, si se da por válido el informe, se tendrá por fallecida a esa persona.
La Fiscalía reclamaba para él una condena de cuatro años y nueve meses de cárcel. La acusación sostiene que empleó a varias personas sin recursos para fingir que éstos tenían trabajos con documentos falsos y que así pudieran conseguir créditos al consumo. De esta forma adquirieron un coche, material informático y otros bienes con los que obtuvieron un beneficio de 50.000 euros.