Dos versiones diferenciadas en las declaraciones de los cuatro agentes del Grupo de Blanqueo que declararon este martes como investigados por irregularidades en la investigación del ‘caso Cursach'. Tres de ellos defendieron una actuación impoluta y cuidadosa, sin revelación de secretos ni las graves irregularidades a las que apuntan informes policiales.
Otro aportó matices muy diferentes y habló de una «enfermiza obsesión» en las pesquisas que llevaron a dar por buenos testimonios muy discutibles y a prácticas dudosas con testigos. De esa obcecación hace partícipes en primer término al juez Manuel Penalva, al fiscal Miguel Ángel Subirán y a otro de los agentes del grupo. Más tarde, señaló que participó el inspector, sobre todo después de que elaborara dos polémicos informes en la causa.
El antiguo subinspector del grupo, representado por el abogado Pedro Horrach, sólo contestó a su defensa. Se ratificó en una declaración que ya hizo ante los inspectores de la Policía Nacional a cargo de la investigación pero que no ha sido incorporada por el momento a las actuaciones judiciales. Puso de manifiesto que informó en varias ocasiones por escrito para advertir de esas malas praxis y del trato dado a testigos poco creíbles, además de que se opuso a algunas detenciones.
Los otros tres investigados respondieron a la jueza instructora, Carmen Abrines, a los dos fiscales de Madrid desplazados para el interrogatorio y a sus defensas, pero no a la veintena de abogados que ejercen distintas acusaciones particulares de parte de investigados en el macro proceso.
El inspector jefe del grupo relató que la investigación se realizó con pocos medios y que eso forzaba jornadas de hasta doce horas y una gran tensión. Negó haber filtrado informes y desligó sus conversaciones con una periodista de este asunto. También dijo que tenían sospechas de que alguien entraba en las dependencias del grupo y que en ese clima de desconfianza llegó a colocar grabadoras en dependencias policiales.
Su compañera acotó mucho su participación en la causa ya que, cuando se registran las conversaciones de Whatsapp, estaba en Madrid. Sí que dijo que unos documentos internos en los que se marcaban los objetivos de cada detención fueron compartidos con juez y fiscal. Las acusaciones solicitaron medidas cautelares para que se prohíba a los policías contactar con testigos. La Fiscalía se opuso. Tras este trámite, la jueza pedirá a las partes que se pronuncien sobre una posible imputación de Penalva y Subirán ante el TSJB.