La Guardia Civil ha detenido a un empresario de 45 años y vecino de Talavera de la Reina (Toledo) que adquiría ilegalmente autobuses y los utilizaba para el transporte de pasajeros por toda España.
El arrestado, M.D.B., gestionaba una importante flota de autobuses en renting con sede en la citada localidad toledana y realizaba servicios de transporte de pasajeros en todo el territorio nacional sin que las empresas que contrataban sus servicios fueran conscientes de que los había adquirido de manera ilícita.
Por lo tanto los servicios prestados se efectuaban sin garantía legal de tal forma que los conductores y los viajeros quedaban fuera de cobertura de las pólizas de seguros, informa la Guardia Civil.
En el marco de la operación Bustalva los agentes han intervenido diecinueve autobuses de los que el detenido se había apropiado indebidamente, que se encontraban repartidos por las provincias de Madrid, Toledo, Valencia, Málaga, Almería y Zaragoza, y han paralizado las actividades de sus empresas.
M.D.B. adquiría autobuses en modalidad de renting pero no cumplía con el abono de las cuotas correspondientes y omitiendo este dato formalizaba con numerosas empresas de todo el territorio nacional contratos de transporte de viajeros, menores y turistas.
Se ha constatado que podría haber obtenido de manera fraudulenta unos beneficios económicos que superan los 3,2 millones de euros desde el año 2017 y ha sido detenido por los supuestos delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida.
La operación se inició cuando agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Madrid detectaron contratos realizados con documentación falsificada de una empresa de autobuses dedicada al servicio de viajeros, menores y turistas.
Tras analizar la información fiscal y tributaria se pudo conocer que no se trataba de un caso aislado ya que se detectaron numerosos contratos irregulares en otras empresas del detenido en los que igualmente había falsificado los datos relativos a los pagos de renting y había omitido que no cumplía con las obligaciones de pago contraídas con las sociedades propietarias de los autobuses.