Los fiscales anticorrupción que actúan en el ‘caso Whatsapp', Tomás Herranz y Concepción Sabadell, han remitido un escrito al juzgado en el que señalan que la protección dada por el Juzgado de Instrucción 12 al testigo protegido 29 fue simplemente a «efectos formales».
El documento sale al paso de una denuncia planteada por el magistrado Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán en la causa donde se les investiga por irregularidades en la instrucción del ‘caso Cursach'. Ambos acusaban a la Policía Nacional de revelar la identidad del 29, un antiguo camarero de Tito's, y pedían incluso sanciones a los fiscales por no evitar que se incluyera su nombre en un atestado.
La respuesta de Anticorrupción es que fueron los propios Penalva y Subirán quienes intervinieron en diligencias y actuaciones en las que su identidad apareció reflejada «reiteradamente». Así, pone como ejemplo que declaró ante una veintena de abogados a cara descubierta, que el mismo 29 aportó todos sus datos personales a la causa mediante una serie de documentos y que ni el instructor ni el entonces fiscal pusieron ninguna pega.
De hecho, hay autos firmados por Penalva en el que aparece el nombre del testigo. También se cita en el escrito que se hizo constar la identidad en un juicio con Subirán como fiscal. La policía apuntaba en su informe al uso de testigos protegidos por parte de Penalva, Subirán y los agentes de Blanqueo para conseguir declaraciones incriminatorias de forma irregular. En ese contexto mencionaba su nombre.
«Si este nos falla, nos vamos a la mierda»
El testigo 29 apareció en la causa después de la detención de Bartolomé Cursach y habló de fiestas en Tito's que ya se investigaban. Denunció varios episodios de agresiones, que se han saldado con dos condenas y una absolución. Para Penalva y Subirán es clave. En un wasap, el juez afirma: «Si este falla, nos vamos a la mierda.»