La inspección fiscal ha abierto unas diligencias informativas para averiguar si el incidente que protagonizó el fiscal Miguel Ángel Subirán en el juzgado de guardia puede suponer una sanción disciplinaria. El expediente se tramita en Madrid y se incoó a partir de la queja presentada por una letrada de la Administración de Justicia por unos hechos ocurridos el pasado 16 de agosto.
Ese día, el anterior fiscal a cargo del ‘caso Cursach' había ido antes a la Jefatura Provincial de la Policía para interponer una denuncia. Allí ya se produjo una situación de tensión y varias quejas de agentes de la oficina por el comportamiento del fiscal, que en ese momento ya se encontraba en la baja laboral que ahora mismo mantiene. Más tarde acudió al juzgado de guardia y reclamó ser examinado por un médico forense para dejar constancia de un supuestos estado de ansiedad en el que se encontraba por los hechos que acababa de denunciar. Es decir, su presencia en el edificio de Vía Alemania se producía a título particular.
Según testigos, actuó de manera muy alterada para reclamar esa consulta y, en un momento dado, entró en el despacho de la letrada de la administración de justicia que, en ese momento despachaba con el magistrado de guardia en esa dependencia. La intención del fiscal era hablar con el juez y reclamó hacerlo a solas, para lo que intentó que la funcionaria se marchara, algo a lo que ella se negó puesto que era su propio despacho.
Además, se trata de una letrada de la Administración cuya pareja estuvo en prisión preventiva por su imputación en la causa en torno a la Policía Local, en la que la intervención de Subirán ha desembocado en el ‘caso Whatsapp'. El fiscal fue apartado de las causas derivadas de este sumario a raíz de los informes policiales que le vinculan en delitos de revelación de secretos e irregularidades en la investigación del caso como presiones a testigos y detenciones ilegales.
La causa está a la espera de que se tome declaración a los agentes del Grupo de Blanqueo que participaban en los grupos de chat con el fiscal y el juez Penalva, una diligencia que se practicará en noviembre. Entonces, la magistrada instructora tendrá que decidir si la eleva al TSJB, un trámite que ya fue intentado dos veces por su antecesor.