«Me he portado siempre correctamente. Estoy cansado de escuchar cosas que no he hecho». El empresario Miguel Pascual, a quien se reclama una pena de hasta 33 años de prisión por prostitución y abusos sexuales, negó en su turno de última palabra cualquier culpa. El juicio terminó este miércoles en la Audiencia después de que las testigos protegidas en las que se basaba la prueba de cargo se hubieran negado a declarar hace un mes.
En la última sesión, la acusación particular que las representa intentó cualquier vía para introducir esas declaraciones, sin las que los cargos quedan cojos. Una de las testigos sí estaría dispuesta a comparecer ahora. Sin embargo, la Sala lo denegó después de que hace un mes rechazara contestar a ninguna pregunta a pesar de los esfuerzos del tribunal, que durante dos horas trató de que las testigos protegidas aclararan en qué basaban su negativa a declarar.
Tampoco es válido lo que declararon hace años en la fase de instrucción: en ese momento la causa estaba bajo secreto y la defensa de Pascual no pudo interrogarlas.
Algunas de estas testigos protegidas lo fueron también en la otra causa abierta contra este empresario: la que tiene que ver con corrupción en la Policía Local de Palma. Pascual fue el primer empresario detenido, casi dos años antes de que lo fuera Bartolomé Cursach. Está en una pieza en la que se incluyen a los políticos Álvaro Gijón y José María Rodríguez.
De esta forma, el juicio que se ha desarrollado ahora en la Audiencia era el primero que tenía que afrontar.
La Fiscalía mantuvo buena parte de sus conclusiones iniciales, aunque retiró un delito de abusos, si bien hizo un informe casi testimonial. La defensa reclamó la absolución por falta de cualquier prueba.