La mañana del 24 de junio de 2015, un hombre de 54 años y nacionalidad ecuatoriana se encontraba trabajando en un taller de carpintería situado en la calle San Isidoro de Palma. Aplanaba una superficie de una pieza de madera de 6 por 8 centímetros con una cepilladora y se cortó tres dedos de la mano izquierda por un retroceso de la máquina. El empleado, que no estaba asegurado, perdió los dedos corazón, anular y meñique.
La propietaria de una carpintería y su compañero sentimental fueron juzgados este jueves por el accidente. Aceptaron un año y ocho meses de cárcel cada uno y sendas multas de 540 euros.
La pareja se declaró culpable de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otro de lesiones imprudentes. No ingresarán en prisión si no delinquen en cinco años y si pagan la responsabilidad civil en ese periodo. El perjudicado, que estuvo en rehabilitación y tratamiento psicológico, no tenía formación en materia de prevención de riesgos laborales. El hombre, además, desconocía el uso de la máquina cepilladora. No sabía que la conducción de la madera debía realizarse evitando que las manos del operario, que guían y empujan la pieza, entraran en contacto con las cuchillas. La dueña de la carpintería no le proporcionó el manual de instrucciones de la máquina y la víctima no pasó ningún reconocimiento médico previo.
La acusada tampoco facilitó al trabajador los equipos de protección individual necesarios para evitar o minimizar los riesgos para su salud e integridad física. El hombre trabajaba sin guantes de protección, gafas de seguridad, protectores auditivos, calzado de seguridad ni mascarillas.
La máquina cepilladora, modelo Invita Delta RJ 42, no llevaba incorporada la protección adecuada. Ni siquiera tenía señalizaciones de seguridad o empujadores que evitaran el guiado manual de las piezas durante el cepillado.
A finales de agosto, la acusada contrató un servicio de prevención que elaboró una evaluación de riesgos laborales y le prohibieron el uso de la máquina.
La mujer retiró el aparato del taller y fue sancionada por la Delegación del Gobierno con 10.118 euros por haber contratado a un hombre que no tenía permiso de trabajo en España.