La Fiscalía Anticorrupción apunta a que el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán cometieron al menos tres delitos durante la instrucción del ‘caso Cursach' y el ‘caso IME' y pide que sean investigados por el Tribunal Superior de Justicia. El ministerio público considera a la vista de los informes realizados por la Policía Nacional en torno a los WhasApp de la causa que hay indicios de que el magistrado y el fiscal incurrieron en prevaricación, revelación de secretos y obstrucción a la Justicia.
El informe está firmado por el fiscal Tomás Herranz Sauri, uno de los dos fiscales de Madrid designados para hacerse cargo de la causa. El escrito, de siete páginas, implica también en los mismos delitos a los cuatro policías de Grupo de Blanqueo que trabajaron en la investigación y que participaban en el chat denominado ‘operación Sancus', cuyo contenido resulta «especialmente relevante» a juicio de Herranz.
El documento considera que se produjeron cinco revelaciones de secreto de aspectos declarados secretos en la causa y que fueron publicados por distintos medios de comunicación de los cuales habrían sido autores los policías, el juez o el fiscal. En todo caso, repasa los mensajes que, a su juicio, indicarían que todos ellos estaban al tanto de la situación. También afirma que se postergó la declaración de varios testigos para poder justificar la prisión provisional para cuatro detenidos en el ‘caso IME'.
La causa se encuentra suspendida desde hace dos semanas ya que el juez instructor de la misma, Miquel Florit, fue recusado por el inspector del Grupo de Blanqueo, a raíz de su imputación en el TSJB por incautar los móviles de dos periodistas. Ese incidente de recusación está pendiente de ser tramitado en la Audiencia. El juez que tenía que sustituir a Florit, se abstuvo de la causa y la dejó en suspenso. Florit envió el pasado mes de abril la causa a la Sala de lo Civil y Penal pero le fue devuelta por defectos formales.