La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este martes a tres personas, dos mujeres y un hombre, acusadas de estafar a un matrimonio al que vendieron una finca con una edificación ilegal, a la que dieron apariencia de legalidad mediante documentos falsificados.
Por estos hechos, la Fiscalía pide para cada acusado una pena de cinco años de cárcel, multa de 6.480 euros y que indemnicen a las víctimas. Además, el fiscal solicita inhabilitar a dos de los acusados, un abogado y una gestora inmobiliaria, para el ejercicio de sus respectivas profesiones durante cuatro años.
La venta tuvo lugar en agosto de 2013 por un precio de 142.000 euros. La finca rústica, en el término municipal de Llucmajor, contiene una edificación de 83 metros cuadrados destinada a vivienda, pero se encuentra fuera de la ordenación urbanística. No es posible legalizarla, porque la única licencia era para casita de aperos y estaba abocada a la demolición.
La Fiscalía acusa a las dos mujeres de haber urdido un plan para conseguir una legalización ficticia con el objetivo de vender la finca. Para ello, elaboraron un certificado municipal falso y una cédula de habitabilidad «completamente irreal», plasmando datos inventados, y llevaron los documentos a una notaría.
El matrimonio que compró la finca lo hizo «en la absoluta creencia de que se encontraba dentro de cobertura urbanística legal». La gestora inmobiliaria que participó en esta operación recibió 5.000 euros de la coacusada y otros 2.500 de las víctimas.
El fiscal acusa también al abogado de la propietaria de la finca, por haberle incitado a realizar todas las gestiones necesarias para proceder a la venta del inmueble pese a conocer las actuaciones falsas. La Fiscalía señala que el letrado colaboró en la venta examinando los documentos ficticios creados, aportándolos a la notaría y redactando el borrador del contrato en base a los documentos falsos.
Los perjudicados compraron la finca con el objetivo de convertirla en su vivienda habitual y de hecho en la actualidad residen allí. Sin embargo, no pueden suscribir contratos de suministro eléctrico ni agua por encontrarse la edificación ilegalizada. El matrimonio suscribió un préstamo hipotecario con un banco para poder comprar la casa, lo que les coloca en una situación financiera precaria.