El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares (Madrid) investigará si se incurrió en un delito de descubrimiento y revelación de secretos en el caso relativo al suicidio de una trabajadora de Iveco después de que sus compañeros compartieran varios vídeos sexuales.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, este juzgado ha acordado incoar diligencias previas una vez que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado le han remitido el atestado con las diligencias realizadas hasta este momento.
La mujer, de 32 años, se suicidó el pasado sábado después de que un vídeo grabado hace cinco años se difundiese entre gran parte de la plantilla de su empresa.
Hasta ahora, la Policía investigaba quién grabó y quiénes enviaron y reenviaron el vídeo de contenido sexual que fue difundido entre numerosos empleados de la empresa Iveco de San Fernando de Henares (Madrid).
Unos hechos que ya se han judicializado y sobre los que se indagará si se incurrió en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Se trata del mismo juzgado que se encargó del levantamiento del cadáver por encontrarse de guardia cuando se produjo el fallecimiento y que ha decretado el secreto de las actuaciones.
El Código Penal castiga con entre tres meses y un año de cárcel la difusión de imágenes privadas sin autorización de la persona afectada cuando se viole gravemente su intimidad y aunque la víctima diera en su día su consentimiento a la grabación.
Fuentes cercanas al caso informaron de que se trata de un total de cinco grabaciones de contenido íntimo y cuya propagación empezó desde «dentro de la propia empresa».
Según explicó CGT Iveco, cuando se conoció la noticia, los vídeos fueron grabados hace cinco años y, al ser compartidos entre los compañeros, la afectada se dirigió a Recursos Humanos de la empresa para explicar la situación; este departamento le aconsejó denunciar los hechos pero ella rehusó hacerlo.