La fiscal en el caso del crimen de Sara, la niña de 4 años fallecida el 3 de agosto de 2017 en Valladolid de una brutal paliza tras haber sido violada, ha insistido este viernes en que Roberto H.H. es el «autor material» del crimen y violación de la pequeña y su madre biológica, Davinia M.G, «autora por omisión, ya que era conocedora de la situación pero no la protegió, no hizo absolutamente nada por su hija. Jugó a la ruleta rusa con su hija».
En su alegato final, en la decimotercera y última jornada del juicio con jurado celebrado desde el pasado día 25 de abril en la Audiencia de Valladolid, la acusadora pública ha mantenido su petición de prisión permanente revisable para la madre de la pequeña y el novio de ésta tras considerar la existencia de «prueba indiciaria y objetiva más que bastante» de su culpabilidad que «por lógica deben llevar a esa conclusión».
En el caso de él, la fiscal le considera autor material del maltrato continuo al que sometió a la pequeña durante más de un mes, coronado el día de autos con una «brutal» paliza y su violación, vaginal y anal, y en el caso de ella, en calidad de comisión por omisión, en el convencimiento de que «era conocedora y consciente» de esta situación y pese a ello «no hizo nada», antepuso su relación de pareja a la vida de su propia hija y, además, impidió que terceros pudieran tomar cartas en el asunto para evitar así su trágico final.
Centrada inicialmente en la persona de Roberto H.H, la fiscal, en su informe final, ha recordado la elocuente «coincidencia temporal» entre la entrada del acusado en el domicilio de Davinia, al poco de conocerse ambos procesados, y el inicio del «rosario» de hematomas y cardenales que empezaron a aparecer en el cuerpecito de Sara, así como el hecho de que siempre que tales lesiones se producían era él quien se encontraba en el domicilio.
Ese inicio del maltrato lo sitúa a partir de la aparición de las primeras lesiones en la niña, el 23 de junio de 2017, y a las que siguieron las registradas el 11 de julio, con una primera asistencia en el Hospital Campo Grande que activó ya el protocolo de malos tratos, y el 28 del mismo mes al aparecer Sara con un «golpazo» en la sien izquierda, a lo que siguió ya el día de autos, el 2 de agosto, la «brutal paliza» que Roberto propinó a la víctima al violarla vaginal y analmente.
«Quiero que recuerden el informe de los forenses, que dijeron gráficamente que la niña presentaba el 'síndrome del niño apaleado», ha pedido la fiscal a los miembros del jurado, en alusión a que todas las lesiones aparecidas en el cuerpo, tanto las del día de autos como las sufridas durante el mes anterior, «no eran accidentales».
Junto a los «indicios» de la autoría por parte de Roberto, la aludida coincidencia temporal de su estancia en el domicilio de la madre y la aparición de las lesiones en la niña, la acusación pública ha añadido los whatsapp intercambiados entre los acusados reveladores de la «obsesión» que él tenía por la víctima ("Sara es mía» o «la voy a comer el culete"); su oposición a que fuera atendida por médicos, el «temor» que infundía el acusado a Sara o la tristeza que ésta mostraba en las últimas fotos antes de morir, coincidiendo con la entrada de su presunto verdugo en la vida de la madre.
Sobre las causas de la muerte de Sara, la acusadora pública reitera que fue por el traumatismo craneoencefálico sufrido, fruto del posible zarandeo y golpeo de la cabeza de la niña con una superficie roma, lo que la ocasionó una hemorragia cerebral mortal, aunque también considera acreditado que la víctima fue violada vaginal y analmente, como así certifica la autopsia de los forenses tras constatar que el himen se encontraba «golpeado» y había sangrado vaginal.
«La violación, que no fue total debido a la propia constitución anatómica de la pequeña, pudo cometerla con el pene, un dedo u otro objeto», ha recordado la acusadora.
Como «vestigios objetivos» de la culpabilidad de Roberto, ha enumerado el hecho de que era el único adulto que había en la casa, el mechón del pelo de Sara hallado en el pantalón corto que el acusado usaba a modo de pijama y, sobre todo, los restos biológicos encontrados bajo las uñas de la niña, prueba más que evidente de que ésta «trató de defenderse sin éxito», si bien esa lucha quedó también reflejada en forma de arañazos en las manos y antebrazos del presunto autor del crimen.
Entre los móviles del crimen, en el que la fiscal entiende que concurre la agravante de alevosía, también ha subrayado el «odio» que Roberto sentía hacia las personas de origen rumano, de ahí el término despectivo de «rumanilla» con el que éste se dirigía a la niña, aunque no ha incluido la agravante de ensañamiento que postula alguna de las acusaciones populares.
Consentimiento
Con respecto a la otra acusada, la propia madre de la niña, la fiscal se ha mostrado contundente al afirmar que ella «conocía y consentía» los malos tratos sufridos por la pequeña y pese a ello «dio prioridad absoluta a su relación de pareja, antepuso su interés egoísta y jugó a la ruleta rusa con su hija», lo que, en su opinión, es tan o más grave que la actitud ya absolutamente reprochable del anterior.
«Es absolutamente imposible que no supiera lo que estaba pasando en su casa», mantiene la acusación pública, quien recuerda que tras el inicio de las lesiones en la hija comenzaron a «saltar las alarmas» a su alrededor, primero por parte de los médicos que activaron el protocolo de malos tratos y luego por parte de su entorno familiar, y a pesar de ello «no solo no hizo nada sino que puso barreras» para evitar que su niña fuera salvada.
Aunque Davinia «dependía emocionalmente» de Roberto, la fiscal no considera tal circunstancia una excusa que justifique su actuación por cuanto «sabía discernir entre lo que está bien y mal», ya que tampoco presentaba alteración mental alguno y solo un coeficiente intelectual medio-bajo.
«¡No protegió en absoluto a su hija, no cumplió con la mínimas obligaciones como madre. Hubiera bastado con cortar el contacto entre su hija y Roberto, sin necesidad de que ella rompiera su relación, pero no hizo nada!», ha censurado la acusación pública, que ha recordado que sus medias verdades y su falta de colaboración con los Servicios Sociales de la Junta, a los que puso pegas en las entrevistas con ella concertadas, fueron cruciales para que la Administración regional no llegara a tiempo para hacerse cargo de la tutela de la fallecida.