Una mujer ha negado este jueves en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Palma haber organizado el traslado de Nigeria a España de una joven para prostituirla en Inca. «La conocí en una discoteca de Alcúdia. Tenía mala salud y le dije que viniera a vivir a mi casa. Vio que me iba a trabajar por las noches porque necesitaba más dinero y un día me preguntó si podía seguirme».
La acusada, de 36 años y nacionalidad nigeriana, ha negado que obligara a la denunciante a que le entregara el dinero procedente de la prostitución. «La chica no hablaba español y me pedía ayuda para entenderse con los gerentes de los locales de alterne».
La procesada ha indicado que nunca exigió el pago de una deuda de 25.000 euros por el viaje hasta España. Ha añadido que nunca viajó a Italia porque «en ese momento tenía el pasaporte caducado» y ha asegurado que no conoce a la familia de la perjudicada.
La mujer está acusada de trata de seres humanos, prostitución coactiva y delito contra los extranjeros por captar en Nigeria y trasladar a Mallorca a la víctima. La engañó diciéndole que iba a trabajar como camarera para después prostituirla. La Fiscalía pide una condena de 8 años de cárcel.
Los hechos ocurrieron en octubre de 2016. La acusada organizó la captación, traslado desde Nigeria y posterior explotación sexual de una joven de 25 años que estaba en una situación económica precaria y con la que contactó en su país de origen a través de familiares, según la versión de la Fiscalía. Le engañó ofreciéndole la falsa posibilidad de viajar a España para trabajar como camarera.
La acusada organizó el viaje desde Nigeria a Libia por carretera y luego hasta Europa en una patera. La recogió en un campo de refugiados italiano, le entregó documentación falsificada y se trasladaron en avión a Mallorca.
Una vez en la Isla, le dijo que le debía 25.000 euros y la obligó a ejercer la prostitución en dos clubes de alterne de Inca. La víctima accedió por su situación precaria, el desconocimiento del idioma y el miedo a agresiones a ella o a su familia en su país.
La acusada, a lo largo de varios meses, acompañaba a la víctima en todos sus desplazamientos y se quedaba con el dinero de la prostitución. La agredió, al menos, en tres ocasiones.
Un cliente de uno de los clubes, en enero de 2017, avisó a la Policía Nacional de la situación de la mujer. La Fiscalía pide ocho años de prisión para la acusada y que se le prohíba comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de la víctima durante 15 años. Reclama, además, que la acusada indemnice a la víctima con 16.800 euros por el dinero que obtuvo obligándole a prostituirse y por daño moral.