Segunda jornada de declaraciones en el TSJB por el ‘caso Móviles'. Los periodistas Kiko Mestre y Blanca Pou rechazaron que entregaran de forma voluntaria sus teléfonos a los agentes, y el inspector jefe de la Policía Nacional que investigó la revelación de secretos del ‘caso Cursach' negó que se revisaran los terminales. El mando policial también declaró que se optó por revisar los listados de llamadas de los dos periodistas al ser la vía más ágil de investigación y que sólo se filtraron las llamadas entrantes o salientes.
El inspector explicó ante la magistrada del TSJB que la investigación partía con el problema de que el Grupo de Blanqueo sabía que estaba bajo investigación por la revelación de un informe del ‘caso Cursach'. Por eso se optó por cruzar el listado de llamadas de los teléfonos de tres periodistas con los números de los sospechosos de la filtración: los funcionarios judiciales y los policías de blanqueo. El inspector jefe justificó que se trataba de la medida «menos invasiva» posible.
Los periodistas, por su parte, insistieron en que la incautación de los móviles suponía una intromisión en el derecho al secreto profesional. Blanca Pou señaló a la salida del TSJB: «He insistido en que protesté». «Sabemos ahora que hacía meses que la policía tenía acceso a mis llamadas y a los posicionamientos de mi móvil». Por su parte, Kiko Mestre incidió en el coste personal y profesional que ha tenido para él este suceso y que no hubo entrega voluntaria. Dijo que si hubiera opuesto resistencia podría haber acabado «detenido o con una acusación de un delito de desobediencia». Fue preguntado por qué firmó un acta en el que constaba que la entrega fue voluntaria del móvil así como que no sería necesario un registro para que entregara la documentación. Insistió en que entendió que debía acatar una orden que venía firmada por el juez.
La magistrada planteó una pericial para certificar que no hubo apertura de los teléfonos.