El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, defendió este lunes que dos fiscales de Anticorrupción de Madrid sean los que investiguen al juez Manuel Penalva y al fiscal Miguel Ángel Subirán para garantizar la «imparcialidad» en ese proceso: ««Si hay que investigar a un compañero y llevas 30 años trabajando con él, es complicado porque o te pasas o te quedas corto», señaló. Lo que Barceló no desveló es si esos dos fiscales asumirán sólo la pieza en torno al juez y al fiscal o se harán cargo de todo el ‘caso Cursach': «Esa es una decisión que depende de la Fiscalía Anticorrupción».
La pieza en torno a los agentes del Grupo de Blanqueo, el juez y el fiscal, está pendiente de que su instructor, el magistrado Miquel Florit, la remita de nuevo al Tribunal Superior de Justicia. Precisamente este lunes fue el turno de este juez para declarar como querellado ante la Sala de lo Civil y lo Penal por una querella planteada por Diario de Mallorca y Europa Press a raíz de la incautación de los móviles de dos de sus periodistas en esa investigación por revelación de secretos.
Tanto Florit como el fiscal Juan Carrau, quien compareció como testigo, defendieron la proporcionalidad de la incautación y que esta no buscaba revelar las fuentes de los periodistas. La querella contra el juez se centra en dos autos: uno en el que se autorizaba el acceso al listado de llamadas de dos periodistas y el segundo en el que se ordenaba incautar los móviles y registrar diverso material informático. Sobre esto último, juez y fiscal coincidieron en señalar que en ese momento ya se conocía la identidad de los autores del delito y que con esa medida no se buscaba revelar fuentes periodísticas, sino preservar pruebas, en este caso el archivo informático.
Juez y fiscal defendieron la gravedad de los hechos que investigaban: la difusión de un informe policial que aún no había sido examinado por el juez y cuya filtración hacía peligrar cualquier diligencia en torno a él. Además, justificaron que se accediera al listado de llamadas de los periodistas ya que era la vía menos invasiva para investigar: los agentes de Blanqueo ya sabían que estaban bajo sospecha y sólo se habría cruzado ese listado con el de los posibles autores de la difusión ilegal. También coincidieron en que el auto se dejó sin efecto después de saber a través de la conversación entre un testigo protegido y un agente de Blanqueo que los periodistas habían borrado los archivos investigados.