El juez Miquel Florit, instructor del 'caso Cursach', y el fiscal Anticorrupción Juan Carrau han defendido este lunes, uno en calidad de querellado y otro como testigo, la investigación por revelación de secretos en sus comparecencias ante el TSJB por la denuncia presentada por Diario de Mallorca, Europa Press y dos periodistas a raíz de la incautación de los teléfonos móviles de ambos profesionales.
La querella imputa a Florit un delito de prevaricación por no valorar el secreto profesional de los periodistas a la hora de dictar el auto en el que se incautaban los teléfonos. El magistrado, durante su declaración de más de dos horas, ha mantenido que sus actuaciones dentro de esta causa, conocida como 'caso Móviles', fueron correctas.
Carrau fue inicialmente llamado como investigado, pero recientemente la Sala del TSJIB estimó de forma parcial un recurso del fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, y revocó la admisión de la querella respecto a Carrau.
Juez y fiscal han defendido que no ha existido intromisión en el secreto profesional y que el objetivo de incautar los móviles era asegurar pruebas que podían tener en su poder y no averiguar el origen de la filtración que ya era conocido por los investigadores.
Para este martes, el TSJIB ha citado a declarar a los periodistas afectados, Blanca Pou, de Europa Press, y Kiko Mestre, de 'Diario de Mallorca', llamados como testigos.
Tras ellos, también comparecerá como testigo el inspector jefe de la Policía Judicial encargado de la investigación en el Juzgado. Se trata del agente que solicitó las medidas adoptadas por el juez, y que participó presencialmente en la incautación de los equipos. Además, elaboró un informe a petición de Florit, en el que defendía que los listados de llamadas de los periodistas eran «vitales» para investigar la revelación de secretos en las noticias publicadas sobre el 'caso Cursach'.