Los agentes de la Policía Nacional cierran su informe con la solicitud de medidas cautelares contra Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Entre ellas reclaman una orden de alejamiento que les impida comunicarse con testigos e imputados del ‘caso Cursach' y en todas las diferentes piezas separadas. A esta reclamación suman la de que les sean retiradas las armas que tienen para su defensa y la incautación de sus teléfonos móviles. Los informes policiales hablan de un «estado de terror» en las personas relacionadas con las actuaciones ante la presión a la que fueron sometidas durante meses por el juez y el fiscal de la causa.
Estas peticiones no pueden ser valoradas por el juez de instrucción, Miquel Florit, ante el aforamiento de ambos ante el TSJB. La Fiscalía, en un escrito, se limita a mencionarlas y a manifestar que tendrán que ser ordenadas por el órgano competente. De esta manera, la investigación queda ahora a la espera de que el instructor corrija la exposición motivada que esta semana rechazó el TSJB por falta de argumentación. Una vez ese documento llegue al tribunal, éste tendrá que valorar los indicios que se le presentan contra Penalva y Subirán y valorar su competencia para la causa. Es ante este organismo en el que la Fiscalía y las acusaciones particulares personadas en la causa podrán reclamar actuaciones.
El ministerio público ha designado ya a dos fiscales de Madrid para que intervengan en este asunto. Ambos tendrán que decidir sobre la solicitud de la policía en torno a Penalva y Subirán. Ambos están de baja desde hace semanas y ni en Fiscalía ni en los juzgados tienen fecha para su reincorporación. Esas bajas han provocado que ya les vaya a ser reclamada la entrega de las dos armas a través de la Guardia Civil.
El informe policial está acompañado también por las declaraciones prestadas en la Jefatura por los dos últimos agentes de Blanqueo que fueron detenidos. Uno de ellos se negó a declarar. Su antigua compañera, que fue jefa del grupo y que desde hace año y medio está destinada en Madrid, sí lo hizo para negar todas las acusaciones. Aseguró estar «preocupada» porque desconocía el motivo de la citación y qué posibles delitos habría cometido. Eso sí, admitió que sospechaba que sus compañeros podrían tener sus teléfonos pinchados y que desde las detenciones de otros dos agentes en diciembre no se comunicaba con ellos por esta vía. Sólo admitió mantener contacto con uno de ellos con el que, afirma, le une una relación de amistad. También negó a los inspectores tener conocimiento de cualquier filtración a un periodista en concreto y rechazó que sus compañeros lo hubieran hecho. Esta agente fue representada ante la policía por el abogado Marcos García Montes.