El juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán son sospechosos de una decena de delitos a partir de lo encontrado en los grupos de Whatsapp que compartían con los policías de Blanqueo: revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, coacciones, denuncia falsa, organización criminal, inducción al falso testimonio, prevaricación y el más grave de todos, detención ilegal.
El auto del juez instructor del ‘caso Cursach', Miquel Florit, remitido al TSJB recoge esos delitos. Sólo por el último, las penas de cárcel pueden llegar a los diez años. Los policías que instruyeron la causa apuntan en sus informes al «hallazgo casual» de estos indicios en medio de la investigación inicial de revelación de secretos al revisar los móviles de dos agentes de Blanqueo. Las conversaciones pondrían de manifiesto indicios de que se alteraron pruebas para forzar ingresos en prisión o que se incluyeron datos que se sabían inciertos con la intención de buscar condenas.
La Fiscalía solicitó a Florit esta semana el envío inmediato de la causa al Tribunal Superior de Justicia. Justifica la urgencia ante la solicitud de al menos tres medidas cautelares contra Penalva y Subirán. Ambos son aforados, por lo que no pueden ser detenidos ni privados de derecho alguno por un juez de Instrucción. Tiene que ser la Sala de lo Civil y Penal quien adopte esas medidas. En la causa, hasta ahora ha intervenido el fiscal Juan Carrau. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado ha designado ya a dos fiscales de Madrid para que asuman la causa ante la presencia de Subirán.
La Policía Nacional refleja en su informe que los cuatro policías de Blanqueo que han sido detenidos junto al juez y al fiscal buscaron crear un estado de opinión «aplastante» sobre los investigados para facilitar la imposición de condenas. Para ello también se sirvieron de varios testigos protegidos de los que se consiguió que dieran información sesgada a periodistas. Sobre los informadores, los agentes los exculpan al entender que no conocían la gravedad de lo que ocurría y entender que dieron credibilidad a lo que transmitían los principales investigadores de la causa. También se alude a que se les convenció de que cualquier traspiés de la instrucción se debía a maniobras vinculadas al principal sospechoso, Bartolomé Cursach. Con esos argumentos acotan los integrantes del supuesto grupo criminal a seis personas.
El juez Florit mantiene como información reservada buena parte de los atestados policiales. Se ha adoptado esa medida ya que contienen mensajes «delicados». Lo entregado hasta el momento por los dos inspectores que se han encargado de la investigación es un avance. Faltan varias diligencias por practicar, lo que incluye culminar el análisis de los teléfonos móviles que se incautaron a los policías detenidos en diciembre.
Los investigadores señalan que el juez, el fiscal y los agentes de Blanqueo eran especialmente cuidadosos con sus comunicaciones y que no hablaban por teléfono entre ellos por temor a que las conversaciones pudieran estar pinchadas. Sin embargo, consideraban una forma de comunicación segura el Whatsapp y era el medio por el que intercambiaban información de forma más relajada. Los policías detenidos borraron parte de las conversaciones que habían mantenidos en los grupos. No obstante, buena parte de estas han podido ser reconstruidas, en especial a partir del terminal de uno de los agentes.
Además de Penalva y Subirán los investigados son dos inspectores, un subispector y un agente. Todos ellos fueron los que llevaron el peso de las actuaciones, en especial desde que la causa fue asumida por Penalva en julio de 2015 y hasta su recusación en marzo de 2018. Además de en el ‘caso Cursach' intervinieron en el ‘caso ORA' y el ‘caso IME' que derivan de la pieza principal.