Un constructor de Palma se enfrenta a una petición de ocho años de prisión por vender cuatro estudios sin licencia tras transformar un local que previamente había adquirido en la calle Son Pontivic. Está acusado de un delito de estafa.
El juicio está previsto que se celebre a finales de año en la Audiencia Provincial de Palma. También se sentará en el banquillo de los acusados un arquitecto, para el que se pide dos años de cárcel por falsedad documental.
El principal acusado adquirió una planta baja en agosto de 2007 de 182 m2 y 66 metros de patio interior. Dicho habitáculo tenía uso de almacén y no podía ser destinada a vivienda, según el certificado catastral de ese mismo año. Meses después constituyó ante notario un régimen de propiedad horizontal, formando siete partes susceptibles de aprovechamiento; varias viviendas que suponían una modificación del uso de la finca.
A pesar de conocer la realidad de su nueva adquisición, el constructor solicitó en diversas ocasiones al Ajuntament de Palma reformar el local para construir viviendas. Pese a no recibir el visto bueno de los técnicos municipales, construyó en la planta baja adquirida hasta cuatro estudios. Según el Ministerio Público, no solo eran viviendas ilegales sino también «ilegalizables». El procesado, a pesar de todo, vendió entre 2010 y 2011 cada uno de los inmuebles por un precio que iba desde los 65.000 euros hasta los 84.900. Tres de los estudios tenían una superficie habitable de 26m2 y el restante de 28.
En una inspección de las viviendas se comprobó que ninguna contaba con una superficie mínima de ventilación y, en definitiva, no se cumplía la normativa urbanística. Para la obtención de las cédulas de habitabilidad contactó con un arquitecto. Este presentó documentación falsa al Consell de Mallorca para las citadas cédulas. «Verificaba de manera absolutamente inveraz la inspección ocular», relata el fiscal en su escrito de acusación. Lo investigan por falsedad documental. La defensa de los perjudicados, ejercida por Vicente Martínez, solicita en concepto de responsabilidad civil para los afectados el pago de lo que desembolsaron para adquirir las viviendas que resultaron ser ilegales.