La Fiscalía solicita una condena de cinco años de cárcel para la conductora ebria que mató a la joven Paula Fornés, la pasada noche de Sant Joan, en sa Ràpita. El representante del ministerio fiscal reclama cuatro años por un delito de homicidio imprudente y uno por falsedad en documento. La mujer, Renata G., de 45 años y nacionalidad polaca, utilizaba un carné de conducir de su país que era falso. La acusación pública también pide que se le imponga una multa de 29 meses a razón de seis euros diarios.
El accidente tuvo lugar el 24 de junio sobre las dos menos veinte de la madrugada. Renata G. conducía bebida el Skoda Fabia de su marido por la avenida Miramar. A la altura del número 117, perdió el control del vehículo, se salió de la carretera e invadió el carril bici embistiendo a un grupo de seis menores. Paula Fornés, de 15 años de edad, murió en el acto.
La conductora se dio a la fuga, pero pudo ser identificada gracias a la colaboración de dos testigos, que circulaban a bordo de un coche en dirección a s'Estanyol. Los dos jóvenes localizaron a la autora del atropello en la plaza de Ses Palmeres cuando intentaba colocar el retrovisor. Uno de ellos le quitó las llaves del contacto y la acusada le dijo que quería irse a su casa. Al cabo de unos instantes le manifestó que se había despistado cinco segundos con el móvil y que no sabía qué había ocurrido.
La Policía Local de Campos que acudió al lugar realizó la prueba de alcoholemia a la conductora. La mujer cuadruplicó la tasa de alcohol permitida, fue detenida e ingresó en prisión preventiva. Renata G. salió de la cárcel de Palma, después de once días, tras pagar 12.000 euros de fianza. La jueza de Instrucción número 3 de Manacor prohibió a la mujer salir de España y conducir vehículos a motor. Desde entonces, Renata G. ha acudido cada 15 días a los juzgados a firmar.
La familia de Paula Fornés presentó más de 300.000 firmas en el Congreso de los Diputados para endurecer las penas por las imprudencias al volante. El Pleno del Congreso aprobó a finales de noviembre de 2018, con el único voto en contra de Unidos Podemos y la abstención de Bildu, la reforma del Código Penal que elevará el castigo.