Los dos periodistas del Diario de Mallorca y de Europa Press han recogido este viernes en el juzgado donde se instruye el caso Cursach los móviles y ordenadores que les fueron intervenidos el pasado 11 de diciembre y han anunciado que mantienen la querella contra el juez que lo ordenó, Miquel Florit.
El periodista de Diario de Mallorca José Francisco Mestre ha recordado el motivo de la denuncia tras la incautación de material en una investigación por revelación de secretos: «Entendemos que era una orden ilegal y lo que hicimos fue presentar una querella».
«Se mantiene por derecho como ciudadanos y como periodistas a que se aclare lo que ha pasado y por qué se decidió tomar esta decisión tan drástica. No hemos tenido acceso a la documentación por la cual se justifica esta medida tan drástica que afecta a un derecho fundamental como es la libertad de prensa y sobre todo a la obligación que tenemos de no desvelar nuestras fuentes», ha afirmado Mestre a las puertas del juzgado.
Por su parte, la periodista de Europa Press Blanca Pou ha añadido que «la querella se va a mantener porque aunque no se hayan abierto, al parecer, los dispositivos, el daño está hecho. El daño a la libertad de prensa que es muy sensible y delicada está hecho».
«El mensaje que se ha enviado, ese dardo está lanzado. Vamos a continuar con la querella y vamos a ir pidiendo pruebas», ha añadido Pou, que ha reclamado saber si ha habido otras diligencias que hayan podido vulnerar su derecho al secreto de las comunicaciones.
La Policía Nacional detuvo el 18 de diciembre por presunta revelación continuada de secretos en el caso Cursach a un inspector que fue responsable del grupo de Blanqueo de la Jefatura de Baleares que investigó esta presunta trama de corrupción y a otro agente que intervino en el caso.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares admitió a trámite la querella de los dos periodistas y de sus empresas contra el juez tras ordenar requisar material de ambos profesionales para investigar la filtración.
La sala Civil y Penal del alto tribunal asumió la denuncia por los presuntos delitos de prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista.
Este viernes el juzgado de Instrucción ha devuelto a los periodistas dicho material precintado. A Mestre el móvil intervenido y a Pou de un móvil, dos ordenadores y una memoria digital, si bien no le han devuelto una documentación que no fue entregada al secretario judicial y que ha reclamado.
Sobre lo señalado por el magistrado en el auto en el que afirma que los periodistas no recurrieron la incautación y acordaron la entrega voluntaria de los dispositivos de almacenamiento sin manifestar protesta alguna, Mestre ha precisado cómo fue: «En presencia de tres policías, un secretario judicial, con una orden judicial que te dice que lo tienes que entregar, no sé si se puede utilizar la palabra voluntariamente, las órdenes se tienen que acatar».
«No hemos hecho un acto de fuerza, por el que se nos podía haber imputado un delito de desobediencia o incluso ser detenidos. Esta situación no se produjo y en mi caso incluso facilité las claves de acceso al móvil porque la policía decía que era una decisión judicial firme avalada por la Fiscalía», ha detallado.