La Policía Nacional ha detenido a treinta y siete personas en una operación, con la participación de Europol, en la que ha desarticulado una organización que introducía en España a ciudadanos vietnamitas para luego ser explotados en centros de manicura de toda España.
La red, que tenía su infraestructura principal en Barcelona e introdujo en España a 730 vietnamitas, ha caído en un operativo en el que se han llevado a cabo más de cien inspecciones en centros de manicura de la capital catalana, Girona, Lleida, Tarragona, Madrid, Valencia, Sevilla, Granada, Murcia, Almería, Cádiz, Málaga, Huelva, Córdoba, San Sebastián y León.
El método utilizado por el grupo era el uso fraudulento de los procedimientos de protección internacional y de menores extranjeros no acompañados iniciados en puestos fronterizos aéreos, como los aeropuertos de Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Barcelona El Prat, y de hecho las investigaciones fueron iniciadas a principios de este año tras detectarse un aumento de solicitantes de los mismos.
Cuando los ciudadanos vietnamitas obtenían el acceso a España si solicitaban protección internacional rechazaban el aprovechamiento de los recursos asistenciales y si era iniciado el protocolo para menores extranjeros no acompañados se fugaban de los centros en los que eran ingresados para luego, en ambas situaciones, trasladarse en transporte público normalmente en taxi hasta Barcelona.
La organización formaba grupos de seis a doce personas y cada uno contaba, en cada ocasión, con un líder que ejercía de guía y les acompañaba en todo el trayecto.
Durante el vuelo a España eran destruidos sus pasaportes para que no fueran identificados y facilitar así la utilización fraudulenta de los procedimientos mencionados.
La organización cobraba a cada inmigrante 18.000 euros y estableció diferentes métodos de pago: en efectivo en el lugar de origen para evitar el rastreo del dinero, generando deudas a abonar mediante trabajos sin remunerar en Europa o incluso con la cesión de tierras y propiedades en su país, con lo que se estima que desde enero recaudó más de trece millones de euros.
La red poseía una infraestructura en Vietnam para la captación, la organización del viaje y la gestión de pagos, y otras en países sudamericanos, para la recepción y acogimiento durante varios días de los inmigrantes para simular su estancia por turismo, así como en España, lugar de recepción, explotación y derivación a diferentes provincias y a otros países europeos como Francia y Alemania.
Entre los arrestados se encuentran los máximos responsables de la organización en Europa y en la operación se han practicado las referidas inspecciones por toda España y diez registros en Barcelona que han posibilitado la intervención de 60.000 euros, cuatro vehículos, dispositivos de almacenamiento masivo de información y diversa documentación.
Entre los detenidos destaca un funcionario de la Oficina Única de Extranjeros de Huelva que aportaba los documentos necesarios para justificar los requisitos exigidos para la consecución fraudulenta de una autorización de residencia y trabajo por arraigo social como resoluciones de concesión con la firma falsificada de la subdelegada del Gobierno en Huelva.
Este funcionario estaba en connivencia con un empresario vietnamita, que tenía contacto con otros implicados.
Los investigadores han comprobado el trato humillante a las víctimas por las condiciones de su alojamiento en las viviendas de la organización, donde les mantenían encerrados a veces en zulos a los que se accedía a través de una trampilla.
Los inmigrante eran trasladados diariamente desde los centros de trabajo hasta estos pisos tras jornadas laborales de doce horas sin libertad de movimiento.