Algo más del 30 por ciento de los detenidos y de los reclusos que cumplen condena en el centro penitenciario de Palma son extranjeros. El 70 por ciento restante son delincuentes de nacionalidad española. Durante el 2017, las cifras de detenidos -por agentes del CNP, Guardia Civil y policías locales- son muy similares en porcentaje a la de la población recusa.
De ese 30 por ciento, una minoría corresponde a súbditos de la Unión Europea (comunitarios), pero el grueso de la cifra corresponden a detenidos o presos de nacionalidad marroquí, colombiana, ecuatoriana, brasileña, boliviana, nigeriana, senegalesa y mariense.
A pesar del alto número de delitos cometidos por extranjeros no comunitarios, los expedientes de expulsión son insignificantes. La falta de recursos policiales, el complejo procedimiento de incoación de expedientes por infracción a la Ley de Extranjería, y el elevado coste de las expulsiones limita a poco más de un centenar los extranjeros expulsados de Baleares cada año. Se trata de una cifra muy similar y estandarizada en referencia a años anteriores. En lo que llevamos de año 2018, el número de expedientes incoados de expulsión es inferior al del mismo periodo del año anterior. Desde hace varios años, en Balears no se expulsa a nadie que se encuentre en situación ilegal en el país y que no haya perpetrado algún hecho delictivo o cuente en sus espaldas con antecedentes penales o policiales.
Ese mismo dato lo confirman abogados especializados en el turno de oficio de extranjería.
La mayor parte de los procedimientos que resuelve la Delegación del Gobierno provienen de presos que ya cumplen condena en Palma por sentencias firmes. El número de los que afectan a inmigrantes indocumentados sorprendidos, por ejemplo, en controles de alcoholemia, es del todo anecdótico, con la excepción de Eivissa.
«Es raro que incoen expedientes a alguien que no ha hecho nada», resumen estas fuentes que prefieren no identificarse.