La investigación de la supuesta ‘caja B' del Grupo Cursach, que la policía calculó en 65 millones de euros ha llevado ya a que una decena de empleados de la empresa hayan declarado ante el Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. Tras recibir un informe de esta misma unidad, el juez que instruye el caso, Miquel Florit, abrió una pieza que está bajo secreto de sumario para investigar un posible delito fiscal y otro contra la Seguridad Social. Además, se remitieron las averiguaciones policiales a la Agencia Tributaria para que las analizara.
Por el momento ha comparecido ante los agentes en torno a una decena de las 18 personas que aparecían en el informe. En ese documento se solicitaba la detención de todos ellos. En el listado se incluía a toda la cúpula del grupo, con Bartolomé Cursach al frente. Por el momento han sido citados en policía empleados y directores de establecimientos, pero no los principales directivos: Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert, que lo serán al final de la ronda de interrogatorios.
El informe policial basa sus cálculos en la documentación intervenida al grupo y en un informe de la agencia de seguridad que se llevaba el dinero en efectivo de los diferentes locales del grupo. Ese dinero estaba ya por encima de las ventas que se declaraban a la Agencia Tributaria aún sin tener en cuenta ingresos que no fueran en efectivo. De esta forma llegan a estimar una ‘caja B' de 19 millones sólo en la discoteca Megapark en 2016.
Hasta ahora, la mayoría de los citados en policía se han acogido a su derecho a no declarar y no han contestado.