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La familia de Patricia Aguilar lamenta la «desprotección» de las víctimas de sectas

Alberto Aguilar, padre de Patricia Aguilar, liberada a principios de julio pasado en Perú después de ser captada por el líder de una presunta secta, durante la rueda de prensa que ofreció tras la llegada de la joven a España junto con su bebé. | Efe

| Madrid |

La familia de la joven ilicitana Patricia Aguilar, que fue captada por el líder de una secta en Perú y regresó este fin de semana a España tras ser liberada, ha subrayado hoy la «falta de leyes que legislen casos» como el suyo, ya que se hallan «desprotegidos» y «le puede pasar a cualquiera».

«Sin leyes estamos perdidos», ha subrayado la portavoz de la familia de Patricia Aguilar, Noelia Bru, quien ha solicitado, además, un protocolo y formación policial para «saber cómo actuar en estas situaciones», así como un observatorio para la prevención y centros de ayudas a las víctimas captadas por sectas.

Así lo ha explicado a los periodistas durante una rueda de prensa multitudinaria en la sala del Consell del Ayuntamiento de Elche (Alicante), en la que han estado presentes también el padre de la joven, Alberto Aguilar, y la abogada de la asociación SOS Desaparecidos Maite Rojas.

La familia ha pedido respeto y privacidad para la joven y que «no se la persiga». «Ella es una víctima y tiene que retomar su vida. Le choca que sea ahora el centro de atención», ha dicho Bru.

Ha remarcado que Patricia, tras permanecer un año y medio en Perú, ha vuelto a Elche «por voluntad propia». «Se ha dado cuenta de la situación en la que estaba malviviendo y ha recibido el apoyo de la familia y amigos, quienes no le han reprochado nada», ha dicho.
La familia decidió que la única solución para poder traerla de regreso a España era que Alberto Aguilar viajara a Perú, adonde se desplazó en dos ocasiones, por lo que algunos medios de comunicación le han definido como «el padre coraza», por su insistencia en hallar a su hija captada por el líder de la secta, Félix Steven Manrique.

Además, ha destacado que son muchas las personas que van a luchar contra Félix Steven Manrique, quien, según Bru, «se aprovechaba de la vulnerabilidad y el estado económico de algunas familias"; por eso, ha apuntado, «no vamos a abandonarles».

«Esperamos que la justicia haga su trabajo. Llegaremos con la denuncia hasta el final y buscando pruebas para que tenga una condena considerable», ha recalcado.

Por su parte, Alberto Aguilar ha afirmado que la «pesadilla acabó cuando fueron localizadas» su hija y el bebé de ella y ha dejado claro que Patricia «ha vuelto por voluntad propia».

También ha señalado que la vuelta a España «fue muy dura», después de más de un mes esperando el regreso a casa debido a las gestiones necesarias, ya que el bebé había nacido en Perú, «lo que impedía la vuelta rápida». Igualmente, ha asegurado «estar preparado» para escuchar la realidad de lo que ha vivido su hija.

La abogada de SOS Desaparecidos María Teresa Rojas, una asociación que se ha implicado también desde el inicio en la búsqueda de Patricia Aguilar, ha demandado la puesta en marcha de una unidad especial de desaparecidos a nivel policial, criminológico, jurídico y psicológico.

Ha remarcado que el de Patricia «no es el caso de una niña que se va por voluntad propia con 18 años, sino que un señor contacta con ella cuando todavía era menor y que se aprovecha de su vulnerabilidad por la muerte de un familiar».

Sobre la situación actual del líder de la secta, la letrada ha explicado que está en prisión preventiva por presunto delito de trata de seres y explotación laboral y sexual a adeptas y los menores, aunque ha recurrido «alegando voluntariedad de Patricia y el resto de las adeptas, que no estaban desnutridas (...)».

La joven, de 19 años, se fue de casa el 7 de enero de 2017, cuando el líder de la secta supuestamente la convenció a través de internet para que huyera a Perú y se uniera a él.
Patricia Aguilar fue encontrada el pasado 4 de julio, sola y al cuidado de varios menores, entre ellos su bebé, de un mes, en una casa ubicada en una zona peligrosa de Perú, como resultado del operativo llevado a cabo desde la Fiscalía de Tratas de aquel país.

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