El mallorquín Juan Fernández Bustos, de 42 años, vive en un barco en la isla de San Vicente, en Cabo Verde.
Sin pasaporte. Sin trabajo. Sin dinero... y sin respuestas del tribunal caboverdiano. «Vivo con el dinero que me dejan mis padres y paso el día como puedo», cuenta a través de una llamada de voz de WhatsApp.
Fernández Bustos y el canario Carlos Alemán Ortega fueron condenados a 15 años de prisión en 2014 por delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales y banda organizada. En mayo del 2017 salieron en libertad bajo medidas cautelares que les impedían salir del país durante ocho meses. Llevan atrapados en Cabo Verde desde entonces. Estaba previsto que el pasado 15 de junio, el Tribunal Supremo de Cabo Verde dictase una medida definitiva. Abogados, familiares y amigos sobrevolaron el Atlántico con el fin de volver a España con el mallorquín.
Juicio
En la víspera del juicio, el tribunal decidió retrasar por tiempo indefinido el proceso judicial. «El motivo indicado por las autoridades judiciales fue que los procuradores del ministerio público tenían un curso de formación sobre violencia de género», explica su abogado portugués, Fabio Calhau. Las vacaciones judiciales en Cabo Verde comienzan el 1 de agosto y el letrado del acusado sostiene que es «práctica común que no se tomen diligencias hasta finales de septiembre».
La madre de Juan, Mercedes Bustos, tendrá que pasar otro verano más sin la compañía de su hijo. «Cuando anularon el juicio nos quedamos KO. No hay derecho. Mi hijo está desesperado. Se lo van a cargar», expresa la mujer, quien también lamenta lo poco que se han implicado en el caso las autoridades españolas.
«Esperábamos que se hubieran interesado un poco más. Mi hijo fue condenado a quince años de cárcel sin pruebas de ningún tipo. La embajada tendría que haber sopesado», añade. Antes de entrar en prisión, el mallorquín hacía paseos turísticos en barco y pesca deportiva. Ahora vive en un barco con lo que le pasan sus padres y, de vez en cuando, hace trabajos de mantenimiento en embarcaciones. «Sin documentos no puedo trabajar de nada», dice.
Inocencia
Tanto Juan como Carlos siguen proclamando su inocencia. Estaban acusados de transportar 521 kilos de cocaína en su barco, Epinicio, desde Brasil hasta el norte de la isla de San Vicente. Las autoridades encontraron el cargamento en unos vehículos que se encontraban por la zona y lo relacionaron con los españoles porque «no entró ningún otro barco que pudiera haber introducido la cocaína», indica el acusado. Para Calhau, el proceso «es un absurdo, no tienen ninguna prueba de nada. Sólo una presunción», añade.
Según un informe jurídico aportado por el abogado, no se encontró en la embarcación ningún resto de droga ni se vio a los imputados en posesión de ella. Ambos sostienen que llegaron esa misma noche en barco y se fueron a tomar unas cervezas con el hermano de Juan. Fue mientras se divertían en el bar Simpático donde la policía les sorprendió y les detuvo.
El abogado defensor presentó pruebas, como comprobantes y facturas, que «no pueden dejar margen de dudas» y añadió que «la acusación no tiene ninguna prueba concreta contra los tripulantes del barco. Sólo tienen suposiciones. Ha sido un fallo grave en la investigación que no quieren reconocer». La madre de Juan zanja: «Los quieren en la cárcel para ponerse medallas».