La Oficina de Defensa de los Derechos del Menor (ODDM) de Baleares atendió un total de 2.608 llamadas en 2017, año en el que realizó 279 actuaciones de las que un 57% (159) consistieron en la apertura de un expediente por posible vulneración de los derechos de un menor.
Así consta en los datos de la Memoria 2017 de la entidad, que el director de la Oficina, Serafín Carballo, ha entregado este lunes al presidente del Parlament, Baltasar Picornell.
Las 120 actuaciones restantes, que representan un 43%, han estado relacionadas con consultas resueltas sin apertura de expediente. Este año el criterio ha cambiado y solamente se han abierto expedientes relacionados con menores y no con actividades, reuniones u otros hechos.
Las actuaciones relacionadas con la información, la orientación el asesoramiento continúan representando la mayor parte, un 48% del total (135 actuaciones), seguidas de las colaboraciones (49 actuaciones, 18%), peticiones de orientación (46 actuaciones, 17%), expedientes administrativos (32 actuaciones, 11%) y finalmente quejas y denuncias (17 actuaciones, un seis%).
La mayor parte de las actuaciones (45%) se iniciaron por teléfono, mientras que un 17% se iniciaron de oficio y otro 17% por correo electrónico. El 12% fueron por visita y el resto por correo ordinario, correo interno, fax y la página web.
La mayoría corresponden a adultos, y sólo el 1,72% (un total de cuatro) al menor afectado. El 44% provienen de profesionales, casi el 30% de la madre del menor, el 7,7% del padre, y el resto de otros familiares, vecinos o personas que no se identificaron en el momento de la consulta.
En cuanto a la edad de los menores, la mayoría han estado relacionadas con adolescentes (60%). Por otro lado, el 90% de los casos corresponden a Mallorca.
En cuanto a las intervenciones cerradas, el 32% se cerraron por resolución de la demanda, otro 32% se han derivado a otras instituciones, el 34% se ha cerrado por otras causas, un 1% por falta de colaboración y un 1% por incomparecencia.
La mayoría de las actuaciones tienen que ver con la integración social y la protección jurídica del menor (39%), seguidas de consultas sobre funcionamiento de administración (28%), educación y cultura (16%), salud (13%) e informática y nuevas tecnologías.
Entre ellas, tres se trataban de situaciones de riesgo, cuatro estaban relacionadas con menores extranjeros, menores desaparecidos, discriminación o explotación laboral; también destacan las consultas relacionadas con maltrato (26 consultas) o la protección de datos personales y el ciberacoso (dos).
VIOLENCIA SOBRE MENORES
Por otra parte, de las 2.608 llamadas, la mayor parte (2.455) fueron gestionadas por la línea de atención al niño y adolescente.
Si se analizan los motivos de la llamada, la mayor parte se debe a violencia sobre menores en cualquier forma (maltrato físico o psicológico, abandono, abuso sexual, violencia escolar...), seguido de dificultades de relación y problemas sobre amistades.
En el apartado de conclusiones, la ODDM ha alertado de que unos 20.000 niños y adolescentes de Baleares pertenecen a familias vulnerables (bajo el umbral de la pobreza, con todos los miembros adultos sin prestaciones económicas y otros indicadores).
EL DIRECTOR DE LA ODDM PROTESTA POR LA DEMORA JUDICIAL
Entre otros asuntos, el director de la ODDM, Serafín Carballo, ha avisado de que «no es razonable» que los menores afectados «estén esperando meses e incluso años» para ser entrevistados por peritos para poder tomar decisiones judiciales sobre su situación. Para Carballo, a casos como los de abusos sexuales, por ejemplo, se les debería dar un tratamiento especial para garantizar los derechos del menor.
Entre las medidas en Justicia ha destacado la colaboración de la ODDM con el Ministerio para implantar una 'sala de justicia amigable' en las sedes judiciales, decorada y con un televisor con videoconferencia para que los menores que tengan que declarar puedan hacerlo en un entorno acogedor.
Igualmente, Carballo ha insistido en que se debe trabajar en programas de prevención del uso abusivo de alcohol, una «práctica bastante extensa» entre los menores de las Islas; y trabajar en plataformas de ocio alternativo, entre otras iniciativas.
Otras actuaciones que Carballo ve necesarias en base a las conclusiones de la Memoria de 2017 son aumentar la formación de los profesionales de la educación para hacer frente a las situaciones más complicadas; reforzar el apoyo a las familias y los servicios comunitarios; y prevenir el maltrato en el deporte.