La Fiscalía Anticorrupción ha informado de que la operación lanzada este martes junto con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) prevé la detención de «diversas autoridades y funcionarios» y registros y requerimientos de documentación por los contratos de diferentes aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios.
Los hechos investigados, según una nota de prensa de la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
En Cataluña se están registrando los ayuntamientos de Lleida, Tiana y Mollet del Vallès (Barcelona), y se ha requerido información en Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar y Rubí (Barcelona), según Anticorrupción.
Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ha ordenado la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobre la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.
Esta empresa, según Anticorrupción, «habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local».
Fuentes de la investigación han informado a primera hora de este martes que la investigación, en la que participan 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.
El Juzgado de Badalona ha autorizado la entrada y registros en los siguientes ayuntamientos: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lleida, Majadahonda, Mollet de Vallès, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.
Este mismo Juzgado, según la nota de la Fiscalía, ha ordenado prácticas de requerimientos de documentación con presencia policial de otros organismos como la Diputación de Alicante y otros tantos municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O'Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.
«Se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal», ha señalado Anticorrupción. Fuentes de la investigación subrayan que los arrestos afectan a cargos de PP, PSOE y Ciudadanos.
Es curioso que hace nada este mismo periódico se hacia eco de una noticia relacionada con los semáforos-radar que el ayuntamiento de Palma quiere instalar.... y yo me pregunto seguirán ahora con esa absurda idea o ya no vale la pena ???