Una mujer que sufrió un aborto en la celda de la cárcel de Palma reclama 300.000 euros a dos médicos por no atenderla. La Sección 5 de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha admitido la demanda interpuesta por el abogado de la supuesta perjudicada.
La mujer, que sigue en la cárcel, fue detenida el 16 de julio de 2013. No se encontraba bien y fue trasladada de los calabozos de la Policía a Son Espases. Los sanitarios confirmaron un embarazo de siete semanas de gestación. No aparecieron complicaciones y le dieron el alta «con indicaciones específicas de que si empeora o padece signos de alarma debe acudir a urgencias».
La mujer ingresó en la cárcel de Palma el 18 de julio. La demandante, el 20 de julio, observó que presentaba pequeñas pérdidas de sangre y tras comunicarlo fue trasladada a la enfermería, donde se le hizo un test de orina y el médico que la atendió le dijo que todo estaba bien. «No la remitió a Son Espases, tal y como prescribía el referido informe de alta», indica el letrado.
El 21 de julio, la mujer comunicó a una funcionaria de su módulo que volvía a tener pérdidas. Otro médico le hizo un nuevo test de orina. «No le prescribió tratamiento ni la remitió al hospital», vuelve a insistir el abogado. Al día siguiente, la demandante sufrió una abundante hemorragia expulsando «trozos» y sufriendo mareos y dolor «como de parto». La compañera de celda llamó a las funcionarias, que avisaron a un médico. El facultativo le realizó un nuevo test de orina.
El doctor, siempre según el escrito del representante legal de la perjudicada, concluyó que no era un aborto, sino que se trataba de una infección de orina y le recetó antibióticos. La hemorragia continuó el martes 23 y un médico le comunicó que tenía que ser trasladada a un hospital. El centro, en su informe fechado del mismo día, «advierte de un aborto completo con expulsión del saco gestacional».
La perjudicada tiene cinco hijos y jamás había sufrido un aborto
La mujer tiene cinco hijos y nunca había sufrido un aborto. Todavía sigue en tratamiento médico por estos hechos. «Se siente muy afectada por la pérdida del futuro hijo y por los tratos recibidos en el centro penitenciario». La supuesta víctima considera esta situación «inhumana» e «impropia», según se desprende de la demanda. El Ministerio de Interior incoó un expediente disciplinario a cada médico en el que especifica que la sintomatología que presentaba la interna desde el primer día era compatible con una amenaza de aborto.