El juez Miquel Florit tiene hoja de ruta para llevar la macrocausa en torno a la corrupción policial a juicio. El instructor, que sustituyó a Manuel Penalva después de que éste fuera recusado por perder la apariencia de imparcialidad, ha dividido el sumario en dos grandes piezas en torno a los dos principales empresarios investigados: Bartolomé Cursach y Miguel Pascual. Con estos dos autos, el magistrado intenta dar respuesta a la decisión de la Audiencia Provincial que ya dejó sin efecto un primer intento de crear una pieza separada en torno al primero de los empresarios ya que entendía que no se motivaba de forma suficiente el motivo de esa división.
El planteamiento de los autos es que el caso, que se instruye desde hace más de cuatro años, tenga dos grandes juicios, además de otros de menor entidad. En el de Cursach comparecerían 24 imputados y abordaría el supuesto trato de favor recibido por el grupo por parte de agentes de la Policía Local y funcionarios de Cort, el Govern y el Ajuntament de Calvià. Es el más avanzado de todos ellos y ya tiene dictado auto en el que el juez finalizaba la instrucción. La Fiscalía prevé reclamar una condena de seis años de cárcel para Cursach en esta pieza. El segundo gran juicio reuniría a 16 investigados. Entre ellos destacan, además de Pascual, el exlíder del PP de Palma José María Rodríguez y el diputado Álvaro Gijón. La apertura de la pieza se justifica por la presencia de testigos que relataron un trato de favor a los negocios de Pascual por parte de policías locales y políticos a cambio de recompensas como comidas, bebidas y favores sexuales.
El magistrado explica en los autos que se trata de hechos independientes y que mantener un único juicio conjunto supondría prolongar mucho más el enjuiciamiento de la causa. Recuerda que quedarían pendientes aspectos como las investigaciones a la Policía Local de Calvià y al GAP de Palma, y presuntos delitos fiscales, de extorsión, contra los derechos de los trabajadores y de blanqueo de capitales.