Como en Chicago en los años 20, el juez Penalva defiende que jueces, fiscales e incluso testigos protegidos puedan ir armados por las calles de Palma para neutralizar ciertas amenazas. Aunque a veces no queden demasiado acreditadas. O directamente sean de dudosa credibilidad. Como el máster de Cifuentes. Y explica, en su entrevista en la radio, esperpénticas situaciones «intimidatorias» por las que ha pasado él o el fiscal Subirán.
Este último, según ha desvelado, fue rodeado por policías locales cuando nadaba, presumiblemente en su playa favorita: Cala Galiota. Cual agentes municipales mutados en tiburones blancos, acechando a su presa. Quizás la explicación es más sencilla y resulta que en la Colonia de Sant Jordi veranean, desde hace muchos años, numerosos policías del cuartel de San Fernando. O no. Y a lo mejor es cierto que es un novedoso método israelí de acoso acuático, pero el problema es que en este caso todo es tan surrealista que nadie se cree ya nada.
Penalva también clama por sus testigos protegidos y denuncia que están desamparados, pero se olvida de hablar de su testigo clave: la madame. Que le salió rana. «Nuestro sistema no protege en absoluto a los testigos protegidos», se queja el juez. El problema, más bien, es quién protege a los policías y funcionarios de las invenciones de una testigo como la madame.