Los padres del niño Gabriel Cruz de ocho años, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, han señalado este jueves que «hoy sin duda es uno de los días más duros a los que nos vamos a enfrentar» después de que fueran citados este jueves por el juez Rafael Soriano para que comparezcan en calidad de testigos en el marco de las diligencias previas abiertas para esclarecer la muerte violenta del pequeño a manos presuntamente de la pareja sentimental del padre, Ana Julia Quezada.
Así lo han indicado en un mensaje trasladado a través del portavoz familiar a los medios de comunicación, en el que han remitido además un collage fotográfico que realizaron con el pequeño en la pasada Navidad para felicitar las fiestas, con el que esperan que «en el día de hoy» pueda «aliviar el dolor tanto como a nosotros».
«Si pensamos en Gabriel, creo que él nos sonreiría y nos diría que hay que estar contentos», han señalado los padres del pequeño antes de comparecer ante el Juzgado de Instrucción 5 de Almería como testigos ya que, al encontrarse aún las actuaciones bajo secreto, no se ha producido personación como acusación particular, según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Cabe recordar que el juez imputa a la investigada la presunta comisión de, además de un delito de asesinato y otro de detención ilegal, un delito contra la integridad moral. A la declaración de este jueves han acudido también el letrado Esteban Hernández, que representa a Ana Julia Quezada. Las declaraciones se prolongarán hasta este viernes, ya que el instructor ha citado también en calidad de testigo a la abuela del menor.
El juez ha acordado además investigar si Ana Julia Quezada suministró drogas al pequeño después de llevárselo el 27 de febrero cuando salió de la casa de su abuela en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), ya que la Guardia Civil halló ansiolíticos durante el registro del vehículo en el que encontraron el cuerpo sin vida del pequeño 13 días después en Vícar.
En concreto, ha pedido que se averigüe si hay trazas de esta sustancia en el cadáver de Gabriel para determinar si fue drogado o, por el contrario, los fármacos encontrados eran «para consumo propio» de Quezada.
Será la ampliación del informe preliminar de autopsia el que determine este extremo una vez que el Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla remita al juzgado el resultado de los análisis de las muestras biológicas remitidas desde el IML de Almería. Cabe recordar que los forenses concluyeron que el niño falleció por «asfixia mecánica» el mismo día en el que se perdió su rastro.
En su auto de ingreso en prisión, el magistrado Rafael Soriano sostiene que «resulta presuntamente incuestionable la participación» de Quezada en la muerte del menor y asegura que de su comportamiento «se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen».
Indica que, como parte de ese «macabro plan criminal», se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar, en Níjar y que, además, «dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño», al que se llevó «mediante engaño o promesa de devolverlo prontamente a jugar».
«Mantuvo el engaño a lo largo de los días, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte», subraya el juez, lo que achaca a su deseo de «despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda» hasta encontrar el «momento» de poder «hacer desaparecer el cuerpo».
El magistrado Rafael Soriano apunta que Ana Julia Quezada «aprovechó un momento temporal en que sabía que iba a estar a solas con el niño», al que mató asfixiándole, y destaca que enterró su cuerpo sin vida en un «hoyo que previamente había hecho con una pala» y luego quiso deshacerse del cadáver en un invernadero de acuerdo a las escuchas acordadas por el juzgado instructor y cuyo contenido está en una pieza separada.
«Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad», concluye para remarcar las «abrumadoras pruebas contra ella» no solo «porque ella misma ha reconocido el luctuoso suceso» sino también por las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.