Academias formativas y sindicatos han interpuesto sendas denuncias ante la Delegación del Gobierno contra el Govern balear (Conselleria d'Educació) por usurpar funciones en materia de convalidación del certificado de seguridad privada y atribuirse competencias que no les corresponden.
Estas denuncias vienen avaladas por un informe de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior que deja muy claro que los únicos competentes en materia de homologación y certificación en materia de seguridad es el Estado y no las comunidades autónomas.
«Es escandaloso lo que pretende hacer el Govern balear, además de una presunta estafa a los alumnos. La resolución PAPE 2017 insta a acreditarse por medio de experiencia profesional a Vigilancia y Seguridad Privada. En primer lugar, esta acreditación es un despropósito, siendo esta imposible jurídicamente, porque según la Ley 5/2014 el único titular de la habilitación es el Ministerio del Interior», apunta uno de los denunciantes.
«Para colmo, han nombrado a dedo a un jefe de evaluadores que resulta que fue condenado en firme por corrupción en la época de Jaume Matas», concluye el denunciante.
Ultima Hora se ha puesto en contacto las fuentes del Govern responsables de las certificaciones. Aseguran que los aspirantes tendrán dificultades para que las empresas de seguridad les entreguen documentos que acrediten que han trabajado sin la titulación correspondiente. Por consiguiente, será muy difícil que los aspirantes puedan conseguir el certificado profesional sin hacer los cursos.